Policía de Orden y Seguridad: ¿Es viable el proyecto de ley del Ejecutivo para prevenir la delincuencia? [ANÁLISIS]

El pasado 28 de julio, durante su primer mensaje presidencial ante el Congreso, la jefa de Estado, Dina Boluarte, presentó 5 proyectos de ley entre los cuales estaba la ley que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad "para fortalecer la seguridad ciudadana".

"Esta norma nos permitirá incorporar de manera célere a miles de jóvenes a las actividades policiales, cerrando la brecha de falta de personal", indicó la presidenta al respecto. 

A partir de ello, se ha generado un intercambio de argumentos a favor y en contra de dicha iniciativa legislativa que, eventualmente, podría ser aprobada en el Parlamento en los próximos días. 

¿Qué dice el proyecto de ley?

El Proyecto de Ley N° 5633/2023 del Ejecutivo plantea incorporar a la Policía de Orden y Seguridad a “la estructura de personal de la PNP” lo que sería una "única categoría en la Policía" que "no forma parte de la carrera policial".

El fin de esta categoría sería la "prevención de la delincuencia", servicio que debería cumplirse "a dedicación estricta" y no realizará "inconsultamente actividades especializadas asignadas a personal policial”.

Para cumplir su fin, tiene "facultad de autoridad policial con capacidad coercitiva y posibilidades de uso de la fuerza. Realiza labores de vigilancia, presta auxilio y protección inmediata, interviene a personas o vehículos, apoya en la descongestión del flujo vehicular, fomenta el desarrollo pacífico de actividades ciudadanas, apoya en intervenciones", entre otras tareas.

El acceso a la Escuela Nacional de Formación Profesional de la Policía (ENFPP) del "aspirante" a policía de Orden y Seguridad es "mediante concurso público de méritos". 

"La captación anual de aspirantes de Policía de Orden y Seguridad, determina la asignación de vacantes para licenciados de las Fuerzas Armadas y para egresados de instituciones de educación secundaria. Los postulantes a las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú del último proceso, que no hayan alcanzado vacantes, habiendo obtenido nota aprobatoria final, pueden acceder conforme a las condiciones reguladas en el Reglamento", indica el proyecto.

Los requisitos de los aspirantes serán "ser peruano de nacimiento, contar con estudios secundarios completos, no contar con antecedentes policiales, penales y judiciales por la comisión de delitos dolosos, tener edad y peso mínimo y máximo, con talla mínima y otros, contar con suficiencia académica así como aptitudes física, clínica y psicológica acreditadas mediante examen practicado por la ENFPP"

Además, el proyecto indica que "la obtención de la categoría de Policía de Orden y Seguridad (...) está sujeta a la certificación emitida por la ENFPP, de haber concluido con los créditos y notas aprobatorias correspondientes al plazo de un año".

En la exposición de motivos, la norma hace un distingo entre el tiempo de estudios de aspirantes "de procedencia civil", que será de "12 meses académicos", mientras que los licenciados de las FF.AA. lo harán en un lapso de 6 meses.

Respecto a las asignaturas de estudio, el proyecto señala que estarán dirigidas "a la formación para el cumplimiento de la función de prevención, así como para entrenamiento en habilidades y destrezas personales, en defensa personal, manejo de armas, así como al forjamiento de la disciplina consciente, conforme los planes curriculares" de la ENFPP.

Los aspirantes que obtengan el certificado de haber concluido satisfactoriamente los estudios serán asignados "a las Comisarías o Unidades de Patrullaje Policial" y tendrán un vínculo contractual de 3 años con la PNP "renovable por un período similar".

El proyecto indica también que "después del primer período de prestación de servicio, puede acceder en forma directa a la Escuela Técnica Superior de Sub Oficiales de la PNP".

Argumentos del Ejecutivo

Dos días después de presentado el proyecto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en diálogo con RPP Noticias, dio algunos otros alcances sobre la necesidad de la norma, que se inscribe en el marco de la solicitud del Ejecutivo de 120 días de facultades legislativas para "aprobar las medidas" de lucha contra la delincuencia.

"Hay un déficit de más de 40 mil policías en el país (…) y los jóvenes no se están alistando con la rapidez deseable y ahí tenemos un reto porque debemos hacer la carrera policial atractiva para los jóvenes. Lo que se ha diseñado es un proceso de captación rápida de jóvenes, especialmente aquellos que han hecho servicio militar voluntario que tienen una idea de las tareas de seguridad y prepararlos en un plazo razonable”, explicó Otárola.

Además, resaltó que, para los licenciados de las FF.AA., el tiempo de preparación "es de 6 meses en las escuelas policiales y van a tener una modalidad de contrato especial con la posibilidad que, al concluir el contrato, se reenganchen en la escuela de suboficiales u oficiales".

"También estamos pensando en el sector de los Ninis que no estudian ni trabajan y que están creciendo en la informalidad laboral y que pudieran estar comprometidos en la ampliación de los índices de inseguridad en el país. La idea es fortalecer a la Policía y tener una Policía preparada para que se desplacen a los lugares del país que tienen déficit de fuerzas del orden", agregó.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, en una entrevista con TV Perú, resaltó que "hay un déficit de más de 50 mil policías" y que el proyecto responde a la necesidad ciudadana de "más seguridad, más policías".

"Van a utilizar el mismo uniforme, van a utilizar armas, van a intervenir como cualquier policía. Vamos a tener una policía mejor porque van a entrar con un contrato de 3 años y van a ser evaluados (...) Es como si fuera un suboficial con la única diferencia de que es solamente para prevención (…), van a trabajar como cualquier policía", explicó.

Además, indicó que, según los cálculos del Ejecutivo, la brecha en el número de policías, aplicando esta medida, terminaría de cubrirse en 10 años.

"Si sacamos un promedio de 5 mil policías de esta nueva categoría más un promedio de 10 mil suboficiales que ahorita están estudiando, estamos hablando de 15 mil. Pero si es netamente para cubrir esta brecha, sin descuidar la de suboficiales, yo creo que en 10 años o menos tiempo", sostuvo.

En el Congreso

Cabe resaltar que tanto el premier como el ministro del Interior se reunieron, el último martes, con la Mesa Directiva del Congreso para comentar los proyectos de ley presentados durante el mensaje presidencial. Tras finalizar el encuentro, los dos funcionarios se mostraron auspiciosos respecto a la aprobación de este proyecto.

"(Hay) toda la predisposición porque hemos encontrado que la Mesa Directiva tiene la misma preocupación del Ejecutivo (…) Se necesitan medidas inmediatas, yo diría radicales, para poder revertir una situación que trae permanente desasosiego a todos los ciudadanos. El sentido de la urgencia es muy importante y estamos seguros de que el Congreso nos va a acompañar en este esfuerzo", aseguró el primer ministro.

"Anteriormente, quienes eran los profesionales de la prevención era la Guardia Civil. Es exactamente lo que queremos hoy en día recuperar en las calles (...) No es una medida apresurada, sino consensuada, técnica, con acompañamiento de otras experiencias en el extranjero que están dando muy buenos resultados", añadió el titular del Interior.

Pese a los argumentos de respaldo presentados por el premier, el ministro del Interior y otros miembros del Gabinete, varios analistas han formulado una serie de críticas al proyecto pues, según sostienen, es incluso inconstitucional.

Al respecto, RPP Noticias conversó con los exministros del Interior, Cluber Aliaga y Mariano Gonzáles; con el ex director general de Policía, Gral. PNP (r) Luis Montoya; y con los abogados penalistas Juan Carlos Ruiz y Juan José Quispe. Los cinco expusieron argumentos en torno a la inviabilidad del proyecto presentado por el Gobierno.

Cluber Aliaga: "La norma es discriminatoria y generará conflictos en la PNP"

El exministro del Interior Cluber Aliaga, en diálogo con RPP Noticias, dijo haber quedado "impactado" al leer el proyecto de ley pues "desnaturaliza a la Policía Nacional que es única".

"Si tuviéramos varias policías, ese proyecto podría encajar para la Guardia Civil, pero la que tenemos tiene la obligación de cumplir el mandato Constitucional y la ley de la Policía", indicó.

Asimismo, consideró que el principal problema con la norma sería la generación de "dos regímenes jurídicos diferentes" dentro de la institución policial.

"Dentro de la Policía van a haber subpolicías, unos policías limitados (…) y eso va a generar conflictos dentro de la PNP, demandas de derechos porque es una norma discriminatoria. Se supone que ante la ley todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos", señaló.

"No necesitamos sacar una ley para solo decir que se van a tener policías de Orden y Seguridad, es absurdo porque generas una clase de policías de tercera dentro de la Policía. Es discriminatorio, incluso en su régimen pensionario y su régimen de salud", agregó.

Aliaga sostuvo también que en el corto tiempo de formación que tendrían estos policías no sería suficiente para la labor que realizarán, por lo que "en lugar de resolver los problemas van a ser un problema para la sociedad porque podrían atender mal al público y ser seducidos por la delincuencia".

Mariano González: "Me parece inaudito decir que será un espacio para jóvenes que ni estudian ni trabajan"

Por su lado, el exministro del Interior, Mariano González, calificó al proyecto como "técnicamente inviable".

"Esta iniciativa no tiene que ver tanto con la Policía, sino que es algo político. Es una iniciativa que dista de lo técnico", resaltó.

Además, criticó la expresión del premier respecto a que la norma está pensada para Ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan.

"Me parece inaudito que se diga que será un espacio para jóvenes que ni estudian ni trabajan. Eso ha generado comentarios en las redes policiales (…) que expresaban no solo su desacuerdo, sino una preocupación muy seria porque sentían que eso mellaba la moral policial, decir que el que no estudia ni trabaja podría entrar a la Policía", explicó.

Asimismo, resaltó la finalidad política que podría tener la iniciativa legislativa que, consideró, es similar a la formación de las "milicias venezolanas".

"Creo que este proyecto debería ser revisado y buscarle el debido sustento técnico y no apresurarse en abrir la caja de pandora (…) Me daría la impresión de que se está formando algo similar a las milicias venezolanas y eso no es conveniente ni para la Policía ni para la democracia", anotó.

Luis Montoya: "Están atentando contra el profesionalismo de la Policía"

Por su parte, el Gral. PNP (r) Luis Montoya, exdirector general de la Policía, consideró que el proyecto del Ejecutivo "atenta" contra el profesionalismo de la institución.

"Están atentando contra nuestro profesionalismo porque la Policía Nacional es una institución profesional encargada del mantenimiento del orden público y de la lucha contra la inseguridad y la lucha contra la delincuencia, ahí está la prevención y la investigación criminal", resaltó.

En ese sentido, indicó que buscar incorporar a reservistas de las FF.AA. a la PNP en 6 meses no es viable porque la formación castrense es diferente a la policial.

"Es completamente distinta la formación de un policía y de un militar. Si no, entonces pasemos a los militares a la Policía y a los policías a trabajar en la Marina o la Aviación. No se puede actuar de esa manera, cada quien tiene su especialidad, su campo ocupacional (…) No podemos hacer ensayos, están engañando al pueblo", sostuvo.

"¿Qué garantiza que el reservista vaya a hacer una buena función policial? El militar tiene otra formación (…) Al policía hay que formarlo desde que entra a instrucción, por eso el suboficial estudia 3 años y el oficial 5 años", agregó.

En ese sentido, estimó que con el proyecto no se logrará "ningún cambio" en la lucha contra la delincuencia, sino que será un perjuicio contra la Policía.

"No va a generar ningún cambio, por el contrario, va a malograr el sistema operativo que tiene la PNP porque va a llevar 6 mil personas más, no sabemos con qué conducta, sin doctrina, sin formación", refirió.

"Si ya con este personal que tenemos la Policía tiene ingentes cantidades de investigaciones por malas prácticas, cómo va a ser con estos señores que van a ingresar por un tiempo determinado sin doctrina policial", puntualizó.

Juan José Quispe: "Es inconstitucional y elimina la cadena de mando policial"

A su vez, Juan José Quispe, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal (IDL), en diálogo con RPP Noticias, señaló que el proyecto del Ejecutivo es inconstitucional.

"Es un proyecto que, desde mi punto de vista, es inconstitucional porque la función de la Policía está determinada en la Constitución y, hasta donde sabemos, la PNP solo tiene dos estamentos: oficiales y suboficiales. No está contemplada la tercerización de nuevos integrantes de la Policía como lo quieren hacer ellos, a través de este proyecto", sostuvo.

No obstante, indicó que lo que más le llamada la atención del proyecto era que "elimina la cadena de mando".

"El artículo 17.3 (...) dice que el servicio policial dispuesto por la respectiva orden de operaciones, contempla la designación del superior policial que ejerce comando. Claro, toda orden de operaciones tiene un superior a cargo y él ejerce el comando y supervisión directa sobre el policía de Orden y Seguridad (…) Acá se está poniendo la figura de poner el comando cuando se sabe que, para dar instrucciones y ejecutar un operativo, debe haber mando y comando, y estos vienen desde la presidenta de la república, como jefa suprema de las FF.AA. y fuerzas policiales, pasa por el presidente del Consejo de Ministros, por el ministro del Interior y ministro de Defensa -debido al estado de emergencia - y luego a sus respectivos órganos en línea", explicó.

"Si este artículo le está quitando el mando y solo le está dando el comando para estas operaciones que se realizan desde el más alto nivel (…), entonces lo que se quiere eliminar son dos cosas: primero, la cadena de mando que corresponde a una autoría mediata por dominio de organización (…) Constituiría pues que estas personas y solo ellas van a ser responsables de los muertos y heridos que se produzcan, más no su superior que firmó el plan de operaciones y menos la cadena de mando, constituyéndose así una suerte de equipo armado que, sin mayor responsabilidad, puede cometer delitos y serán llevados a un penal por ello", agregó.

En ese sentido, el abogado penalista explicó que el comisario que estaría a cargo de los policías de Orden y Seguridad solo sería responsable de ellos en términos administrativos "o de alguna responsabilidad administrativa o disciplinaria, mas no de responsabilidad penal".

"(El artículo 17 inciso 2) no se puede poner como que cubre el vacío de mando y comando, eso es que se le asigna a una unidad y un comisario tendrá responsabilidad sobre su empleo, turno (…), todo administrativo. No está que tiene mando sobre temas operacionales".

Finalmente, Juan José Quispe consideró que los miembros de la nueva categoría policial harían las veces de "carne de cañón" contra la delincuencia, pues el corto tiempo de preparación para los civiles sería insuficiente frente a bandas criminales organizadas con alta capacidad de fuego.

"Si un policía que ya tiene experiencia en formación de oficiales y suboficiales, que tiene práctica de adiestramiento de años no puede hacer operaciones con éxito respecto a las organizaciones criminales (…) No solo se les manda como carne de cañón a estas personas que, en un año o seis meses, no van a tener un verdadero adiestramiento sobre el uso de armas para combatir la criminalidad organizada, sino que también se les va a mandar como carne de cañón a las protestas sociales que, finalmente, son lo último de la PNP, terceros que están cumpliendo la función policial cuando eso no dice la Constitución", subrayó.

Juan Carlos Ruiz: "Me suena mucho a improvisación"

Por su lado, el abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, en diálogo con RPP Noticias, consideró que había "improvisación" en el proyecto del Ejecutivo, pues no se estaría optando por una "respuesta más seria, profesional e institucional" para la Policía en su lucha contra la delincuencia.

"Se dice que en el Perú hacen falta 50 mil policías, pero en vez de pensar una cosa más seria, en cómo hacemos atractiva la carrera policial, cómo la hacemos interesante para los jóvenes, cómo profesionalizamos a la Policía, lo que se hace es una especie de Policía de segunda categoría con gente que no entró a la escuela de suboficiales, que ha salido del servicio militar", sostuvo.

"Veo incertidumbre, improvisación y siento que esos policías de Orden y Seguridad van a incurrir en abusos. En el tema de uso de la fuerza, de proporcionalidad, hay regulación muy específica sobre cuándo se pueden usar armas de fuego. Y gente que no tiene la suficiente formación, ¿estará en la capacidad de hacer esos distingos?", cuestionó.

En esa línea, señaló los casos de presuntos abusos policiales en las recientes protestas contra el Gobierno y el Congreso.

"Si con los efectivos policiales que tenemos ha ocurrido todo lo que ha pasado en las protestas en Puno, en Ayacucho (…), a mí me da miedo que licenciados del Ejército sin la menor preparación ingresen al orden interno, (cuando) si entran, es de manera absolutamente excepcional y siempre para apoyar a la PNP", dijo.

Asimismo, remarcó que en la formación que se le dará a los policías de Orden y Seguridad no se está contemplando capacitación en temas de derechos humanos.

"(Ellos) tienen posibilidades de uso de la fuerza, es decir, armas de fuego. Para eso, primero se debe explicar derechos humanos, que el uso de la fuerza es absolutamente excepcional (…) Si eso le cuesta tanto trabajo a un policía entenderlo, gente que viene del servicio militar, ¿en 6 meses podrán adecuarse?", refirió.

"El artículo 44 de la Constitución dice que la responsabilidad del Estado es “proteger a la población de las amenazas a su seguridad”, por eso debe ser con gente profesional, gente muy preparada. Y si van a usar armas de fuego, con mayor razón se les debe preparar bien para que lo hagan dentro del marco normativo (…) Dar un arma de fuego a gente improvisada, sin preparación, a mí me da mucho miedo", agregó.