PNP proyecta que cifra de detenidos en flagrancia para finales del año supere los 300 000

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, advirtió sobre un aumento significativo de robos violentos en negocios y establecimientos comerciales como farmacias y restaurantes. 

“Hay dos rubros que se han disparado: los hurtos y robos, que son principalmente violentos, y los homicidios”, dijo en una entrevista en el programa Nunca es tarde de RPP TV.

Pese al preocupante escenario, el comandante general de la PNP destacó que Perú aún mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica, que, apuntó, se sitúa en 5,5 diarios, solo superado por algunos países, entre ellos El Salvador, país que ha implementado fuertes políticas de seguridad bajo el régimen de Nayib Bukele.

Zanabria Angulo indicó que los actos de violencia en el país están siendo perpetrados por organizaciones delictivas que solo dejan de operar cuando son desarticuladas. 

"Reconocemos que estos actos de violencia no son comunes en nuestra comunidad. No es que una organización aparezca y cometa un robo de vez en cuando. Hasta que no los detenemos, no paran", explicó.

Detenidos en flagrancia

A ojos de Víctor Zanabria, uno de los principales problemas que enfrenta la PNP es el alto número de detenidos por flagrancia, que ya supera los 211 000 en lo que va del año, en comparación con los 207 000 del 2023. 

En esa línea, dijo que la proyección para finales de 2024 apunta a más de 300 000 detenidos, un panorama que representa un desafío logístico para el sobrepoblado sistema penitenciario del país.

"Ahí viene el primer problema: ¿a dónde metemos a tantos detenidos?", se preguntó.

Cuando se le consultó sobre las extorsiones a nivel nacional, el comandante general de la PNP arguyó que este tipo de delito ya existía, pero que el miedo impidió que las víctimas denunciaran.

Añadió que la banda criminal venezolana Tren de Aragua se dedica a una serie de actividades delictivas, como la trata de personas, cobro de cupos en la microcomercialización de drogas y la protección armada en la minería ilegal.