Piden al Estado velar por el respeto absoluto a los DD.HH. por parte de las empresas

Más allá de su necesaria presencia en las zonas de influencia, el estado peruano debe ser firme en la defensa de los derechos de las comunidades frente al avance de las inversiones y de las actividades extractivas de las empresas. Estas fueron las conclusiones a las que se arribaron en el II Coloquio Sobre Empresas y Derechos Humanos que se llevó a cabo en el marco de la II Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos realizado en Lima entre el 27 al 30 de noviembre.

En el encuentro se establecieton estos objetivos como parte de la aplicación de la normativa internacional y nacional en materia de empresas y derechos humanos, que contempla los mecanismos para evitar y mitigar los impactos sociales y medioambientales generados por las empresas.

En la semana de conferencias y bajo el lema #SalidaDeLaCrisisConDerechos se buscó resaltar la necesidad de reformas estructurales para salir de la recesión económica sin exponer compromisos en materia socioambiental.

En la jornada del martes, 28 de noviembre, se presentaron investigaciones sobre la temática siendo una de ellas la de Beatriz Cortez, miembro de la Red Muqui, quien ha profundizado sobre los impactos ambientales que ha dejado la operación de Volcan en Cerro de Pasco.

“Pasco es uno de los casos más evidentes de contaminación y degradación de la salud humana. Cada año que pasa, vemos un reporte de un niño que fallece por contaminación de metales tóxicos. La pregunta es: ¿qué es lo que ha pasado para que lleguemos a este punto y se mantenga un alto nivel de impunidad empresarial?”, sostuvo.

A su turno, Kely Alfaro, de CooperAcción, presentó su estudio sobre la valorización económica de los impactos del derrame de Repsol a los pescadores artesanales y sus familias afectadas. “Si tengo una actividad económica en el océano marino, debo saber que tengo servicios ecosistémicos y que mi actividad económica genera externalidades. Si yo genero un efecto en ese ecosistema, reduciré la capacidad de estos servicios ecosistémicos. Esta variación la hemos visibilizado en términos económicos”, indicó.

La investigadora fue enfática en señalar que uno de los principales problemas que se observa en la discusión sobre el derrame de petróleo de Repsol es que las partes discuten sobre datos asimétricos. “Lo que se hizo fue identificar las especies, el ratio de personas que se dedican a la extracción, se analizó el precio de venta con precios de mercado y de la estimación del tiempo de afectación. Al momento de hacer el informe, Repsol no había entregado su informe de rehabilitación de la zona. Se hizo el cálculo, se tiene el monto: se fue a las mesas de diálogo y efectivamente la gran conclusión es que no se tienen información. El rol del Estado es más que solo ver cómo debaten los privados con información asimétrica”, expresó.

Por su parte, César Flores, investigador de CooperAcción, presentó el estudio sobre los impactos ocasionados por Glencore ante la operación de la mina Antapaccay. “Este estudio demuestra o ratifica lo que la OEFA ha señalado respecto a la contaminación que es producida por Antapaccay. Este caso evidencia la tremenda asimetría en la comunicación, negociaciones entre el diálogo de las empresas y comunidades”, dijo.

Frente a ello, para Flores es necesario que el Estado genere normativa que restablezca derechos de las comunidades. “En el Perú no existe una normativa sobre reasentamientos. Lo cual es una tremenda contradicción. Además, siendo un país con varios miles de comunidades. Por otro lado, una de las propuestas que debería plantearse es que el canon no solo se gaste en tierra y cemento. Debería diversificarse para gastos en salud, control y prevención ambiental”, aseveró.

Dato

 La Plataforma sobre Empresas y Derechos Humanos fue creada en el año 2018. Actualmente la integran 26 organizaciones que hacen seguimiento a la relación entre la actividad empresarial y el ejercicio de los derechos humanos, con el fin de incidir de manera conjunta y articulada en procesos nacionales y regionales, y de manera particular, en el seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.