Un año después: las cifras que dejaron las protestas tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo

67 peruanos fallecidos, más de 1,700 heridos y 1,300 protestas en todas las regiones del país. Estas son las cifras que se registraron entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, su posterior vacancia y la designación de Dina Boluarte como presidenta de la República, de acuerdo a información oficial de la Defensoría del Pueblo, verificada por RPP Data.

Este escenario afectó transversalmente a todas las instituciones del país y, a un año de ocurridos los eventos, aún quedan algunos rezagos de movilizaciones en ciertas regiones, sostiene el politólogo e investigador del Centro Wiñaq, Fernando Tincopa. “Dentro del imaginario de la población ha quedado una sensación de frustración que no ha sido bien canalizada y que nos ha dejado con instituciones políticas en desprestigio: una presidenta que, a duras penas, llega al 9% de aprobación, un Congreso que es una de las entidades más desprestigiadas del país y unas Fuerzas Armadas que también han reducido su aprobación en los últimos meses”, agrega.

Familiares piden que se aceleren las investigaciones

Durante los meses de conflicto social fallecieron 49 civiles, un policía, seis militares y 11 civiles más por hechos relacionados al bloqueo de carreteras, indica el último informe de balance de la Defensoría del Pueblo.

Puno fue la región donde más fallecidos se registraron con 18 víctimas. Uno de ellos fue Marco Antonio Samillán Sanga, médico de 29 años que fue impactado por un proyectil cuando atendía a personas heridas en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, de acuerdo a dicho informe.

Su hermano, Raúl Samillán, preside la Asociación de Familiares de Víctimas de Juliaca y, en conversación con RPP Data, afirma que, a casi un año del suceso [Marco Antonio falleció el 9 de enero del 2023], las investigaciones continúan estancadas. 

"El fiscal que asume la investigación en un primer momento es uno especializado en crimen organizado (...) Lo primero que han hecho es amedrentar a los heridos y a sus familiares (...) diciéndonos que nos iban a denunciar por terrorismo y que nos esperaba varios años de pena en la cárcel. Esa fue una de las trabas porque generaron miedo y pánico en los heridos", refiere.

Raúl, en representación de su asociación, demanda que las investigaciones se realicen en la ciudad de Juliaca y que se dirijan por fiscales que tengan especialidad en derechos humanos para sancionar a los responsables. Otro de los pedidos urgentes es apoyo psicológico para los familiares de las víctimas. “Ha sido una guerra en la ciudad de Juliaca, la cantidad de balas, el vuelo de helicópteros. Todo eso ha generado un trauma no solo en los heridos, sino también en la misma población que se encuentra cerca al aeropuerto. Ahora, al sonido de un silbato o al ver humo, los niños comienzan a correr y a desesperarse”, narra.

Ayacucho fue la segunda región que registró más víctimas mortales con 10 fallecidos durante las protestas. El transportista y dirigente Leonardo David Hancco Chancca, de 32 años, fue una de las víctimas tras recibir un disparo de proyectil en el tórax, señala el informe final de la Defensoría del Pueblo. Sus esposa, Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre, reclama que el avance en las investigaciones ha sido "lento y obstaculizado". 

"Pensábamos que a medio año iba a terminar la investigación porque tenemos pruebas claras, videos, fotos de quienes dispararon. Es bastante repugnante que, después de once meses, la Fiscal de la Nación saque una denuncia a nivel regional por [solo] cinco muertos (...) Exigimos justicia y que no quede impune la muerte de quienes fueron asesinados", sostiene.

Ruth comenta que, desde la asociación que preside, tienen cinco pedidos puntuales: verdad, justicia, memoria, reparación y no a la impunidad. Además de solicitar, al igual que los afectados en Puno, apoyo psicológico para los familiares de las víctimas. "Pedíamos apoyo emocional y no fue escuchado (...) Es la segunda navidad que pasamos sin nuestros esposos, sin nuestros hijos (...) Es una gran mentira cuando dicen que el Ministerio de Salud está apoyando psicológicamente a las familias. A nosotros nos han ayudado las organizaciones [de derechos humanos] desde un principio", refiere.

Pedidos no resueltos y el riesgo de caer en un régimen autoritario 

Entre las principales demandas de los manifestantes durante diciembre y febrero del 2023, estaba el adelanto de Elecciones Generales, cierre del Congreso de la República y, en menor medida, una Asamblea Constituyente, renuncia de Dina Boluarte y excarcelación de Pedro Castillo, siempre de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. 

"A un año de los sucesos no solo no se han adelantado las elecciones, si no que hay un proyecto autoritario en marcha que pretende que los grupos que están en el Congreso no se queden hasta el 2026 si no hasta el 2076", sostiene irónicamente el analista político y sociólogo arequipeño Jose Luis Ramos.  

El experto indica, además, que estamos atravesando una crisis que no solo le corresponde al Ejecutivo y al Legislativo, si no que le compete a toda la sociedad, lo que se denomina "crisis orgánica". "Este tipo de crisis se resuelve de dos maneras: con un fortalecimiento y profundización de la democracia, en donde las distintas posturas puedan participar libremente; o con un proyecto autoritario donde la democracia no sirve para nada.... Ese es el peligro en el que estamos actualmente", afirma.