Gobierno y Congreso no han tomado medidas eficientes contra la inseguridad ciudadana este año, opinan especialistas

Ocho de cada diez peruanos se siente inseguro ante la posibilidad de ser víctima de algún delito, de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Pese a ello, no se ha visto un plan articulado para garantizar la seguridad de la población, ni por parte del Ejecutivo ni del Legislativo, afirmaron especialistas en la materia a RPP Data.

Esta percepción de inseguridad se refleja en las cifras: entre enero y agosto de este año la Policía Nacional del Perú ha registrado más de 12 mil denuncias por casos de extorsión y más de 3 mil denuncias por secuestro que, a la fecha, son investigadas por la Fiscalía de la Nación.

Medidas poco eficientes por parte del Ejecutivo

Ante esta realidad, es el Gobierno Central quien debería asumir la lucha contra la inseguridad de forma articulada; sin embargo, las medidas que ha tomado hasta el momento no han sido efectivas, asegura el experto en seguridad pública Frank Casas. El especialista se refiere al último Decreto Legislativo que ha publicado el Ejecutivo, en el cual se faculta a la Policía Nacional del Perú a investigar delitos y realizar diligencias preliminares que antes eran ejecutadas por la Fiscalía. 

"Es una medida que busca mejorar la capacidad del Estado para sancionar el delito, mas no para prevenirlo. Esta modificación en el Código Penal no va a detener el crecimiento delictivo (...) [Esta premisa] genera una pregunta para los decisores del Gobierno: ¿qué acciones se están tomando para fortalecer las capacidades logísticas y de recursos humanos de los departamentos de investigación criminal de la Policía para que respondan con eficiencia a esta nueva responsabilidad?", sostiene. 

El experto comenta, además, que medidas como agravar las penas para el delito de robo patrimonial son un saludo a la bandera. "Se está aparentando tener una lógica de mano dura que no sirve en lo absoluto. Por un lado, el Gobierno promulga una ley para reducir el hacinamiento en las cárceles para ciertas personas que han cometido cierto tipo de delitos, pero por otro tienen una propuesta de meter hasta 30 años a la cárcel a alguien que roba un celular", analiza.

Más de 15 proyectos de ley a la espera de ser debatidos

De los 21 proyectos de ley sobre inseguridad ciudadana y delincuencia presentados en el Congreso de la República este 2023, solo tres se han convertido en dictamen y están a la espera de ser debatidos en el Pleno. Todos los demás se han estancado en las distintas comisiones que existen. 

Sobre esto, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco sostiene que desde hace varios años en el Parlamento se piensa que "una enorme cantidad de proyectos solucionará los problemas en el país". Sin embargo, agrega, la mayoría de estas iniciativas se quedan en la fase de comisiones y muy pocos se convierten en leyes. 

"Los proyectos no siempre están concebidos bajo un buen estudio de costo-beneficio, lo que demuestra, incluso con estadísticas, que existe una ineficiencia del Congreso", refiere.

Urge una coordinación entre las autoridades 

Macarena Costa, politóloga y analista del portal 50+1, comenta que se debe trazar un objetivo concreto en materia de seguridad ciudadana que sea adoptado por instituciones del Estado como el Congreso, el Ejecutivo y también los gobiernos locales y regionales.

"No se necesita que se estén tirando la pelota como lo están haciendo ahora. La inseguridad ciudadana es el principal tema que preocupa a la ciudadanía y algo se va a tener que hacer más allá de las acciones populistas que han demostrado no tener un efecto", postula. 

Agrega, además, que la presidenta Dina Boluarte ha tenido tres ministros del Interior en lo que va de su gestión, lo que ha evidenciado que no tiene claridad en las políticas públicas contra la delincuencia. "De ahí vemos medidas como expulsar migrantes o declarar estados de emergencia en algunos distritos, pero sin resultados", comenta.

A puertas de un nuevo año, los expertos coinciden en que la población espera que sus representantes redoblen esfuerzos para reducir la criminalidad en el país, sobre todo porque es un problema que pareciera estar creciendo en lugar de disminuir.