El director General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Max Carbajal, aclaró que la Sunass es quien fija las tarifas a nivel nacional y aseguró que el regulador reconoció una "brecha" entre los costos del servicio y lo que realmente se paga a nivel nacional.
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El director General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Max Carbajal, descartó una supuesta injerencia del sector para incrementar las tarifas del servicio de agua potable que vulneraría la autonomía de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el funcionario respondió a la advertencia de la Sunass sobre un riesgo de elevación de la tarifa de agua potable y su cuestionamiento al Decreto Legislativo 1620, que modifica un decreto que aprobó la Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, aprobado el 21 de diciembre del 2023.
"Negamos tajantemente una injerencia de ningún tipo. El regulador es quien fija las tarifas a nivel nacional. Lo cierto es que el regulador acaba de reconocer y estimar el valor del retraso sanitario que existe a nivel nacional", indicó.
Max Carbajal explicó que actualmente los usuarios pagan una tarifa que no cubre los costos de la prestación del servicio de agua potable.
"En principio lo que se plantea aquí son dos cuestiones: tarifas retrasadas tienen como resultado ineficiencias en la prestación de servicio debido a la falta de financiamiento. Lo que se ha planteado es que el regulador haga una estimación del cuál es el camino hacia el nivel eficiente de tarifas de modo progresivo y justificado", dijo.
El funcionario del Ministerio de Vivienda insistió que la Sunass ha calculado cuál es el total de brecha entre los costos del servicio y lo que realmente se paga a nivel nacional y aclaró que esa "brecha no va a cerrarse de un día para otro". Además, sostuvo que falta un análisis profundo de cuánto es la progresividad en cada caso durante los siguientes años.
"El marco normativo vigente y el que se ha aprobado marca una salvaguarda sobre las personas vulnerables, pobres y pobres extremas. Ellas no se verán en ningún caso afectados por incrementos. Más bien ellos tienen dos beneficios muy marcados: una mejora en los subsidios cruzados focalizados y la introducción por primera vez de un subsidio inteligente", manifestó.
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