Minería informal y criminalidad, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Los cadáveres de catorce mineros informales yaciendo en una pampa de Caravelí constituyen una afrenta a los valores fundamentales de toda sociedad organizada. Eran catorce peruanos que se ganaban la vida al filo de la ley y fueron asesinados con armas de fuego, probablemente por otros mineros informales, que les disputaban el control sobre tierras ricas en recursos metálicos. ¿Será posible que existan espacios de nuestro territorio en los que solo prevalece la ley del más fuerte, es decir la del pistolero más rápido o el sicario más despiadado? ¿Qué hemos hecho para regularizar la minería informal y generar empleo decente? Desde hace décadas sabemos que las empresas mineras que pagan impuestos han venido ciñéndose a normas cada vez más globalizadas y rigurosas. Pero también sabemos que decenas o cientos de miles de mineros actúan al margen de toda ley, como lo muestra la contaminación de ríos y la consecuente destrucción de tierras de cultivo. ¿Qué han hecho las autoridades para poner el foco en la minería ilegal que contamina sistemáticamente? Los planes de formalización han fracasado y el resultado lo vemos en el oro que se traslada ilegalmente a Bolivia, en la deforestación y en los balazos que interrumpen la pasividad del Estado. La Defensoría del Pueblo señala que la violencia tuvo que ver con el alza de las exigencias impuestas por la empresa dueña de la concesión, que habría subido las regalías pagadas por los mineros artesanales, atizando un conflicto con otros grupos. La codicia y la crueldad existen desde siempre. El Estado y sus instituciones existen para proteger los derechos de todos. Manifiestamente en este caso, no ha cumplido. Y lo peor que podría sucedernos es que nos resignemos al abuso y la criminalidad.

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