¿Qué consecuencias produciría en la minería Ilegal la posible ampliación de la vigencia del REINFO en el Congreso?

El 31 de diciembre de este año vence el plazo para que los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) logren culminar el proceso para formalizarse. Este registro existe desde el 2017 e inicialmente tenía un plazo de solo dos años; sin embargo, tras las prórrogas brindadas por el Congreso, después de siete años, aún no finaliza. 

En el Reinfo existen 84 mil mineros registrados, de los cuales 66 mil tienen la condición de 'suspendidos'. Esto significa que no han cumplido con entregar los documentos necesarios para el proceso de formalización. Pese a ello, pueden seguir extrayendo mineral sin ser sancionados por las autoridades debido a que, por ley, al estar inscritos en el Reinfo no pueden ser perseguidos.

Expertos consultados por RPP Data advierten que dentro del Reinfo existirían mineros ilegales que se camuflan como informales para operar de forma ilegal. Pese a ello, actualmente existe en el Congreso una propuesta para que la vigencia del Reinfo se extienda una vez más sin fecha límite. 

¿Reinfo indefinido?

El pasado martes 29 de octubre se debatió en la Comisión de Energía y Minas un proyecto de ley que planteaba que el "proceso de formalización minera concluya con la entrada en vigor de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal [Ley MAPE]". El problema reside en que no se pone un plazo específico para que el proceso concluya, lo que podría ampliarlo indefinidamente, sostiene César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal. 

"¿Una ley cuánto tardará? Se presenta por el Ejecutivo, pero luego se tiene que reglamentar, fácil durará más de dos años y luego, dentro de la norma, podrían poner plazos más amplios o interminables del proceso de formalización (...) Lo único que buscan es [que los mineros ilegales] sigan operando, sin control", comenta el experto. 

En julio de este año, durante su mensaje de Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte afirmó que se había terminado de redactar la Ley MAPE y que se socializaría con todos los sectores involucrados. Sin embargo, durante la última sesión de la Comisión de Energía, tres meses después, la congresista Diana Chávez criticó que, hasta la fecha, no se les haya enviado la propuesta. 

Por su parte, Paola Bustamante, exministra y directora de Videnza, explica los riesgos de que esta ampliación se apruebe: "El peligro de extender el Reinfo nuevamente es que ingresen mineros ilegales para tener la cobertura de legalidad con la excusa de querer formalizarse. Lo ideal es que el Ministerio de Energía y Minas con las direcciones regionales terminen el proceso [de revisión del Reinfo] el 31 de diciembre", sostiene. 

En la actualidad hay 18 mil mineros con registro activo en el Reinfo; es decir, que están cumpliendo con los papeles para formalizarse, mientras que ya se logró formalizar a 2,065 mineros, de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Si es que se ampliara el Reinfo debería ser para trabajar solo con aquellos 18 mil y apoyarlos para que culminen el proceso, indica Bustamante. 

El proyecto de ley pasó a un cuarto intermedio; es decir, no se aprobó ni rechazó en la Comisión y seguirá siendo analizado posteriormente.

Medidas urgentes que hacen falta

Dentro del proceso de formalización minera existen múltiples actores, pero lo que se necesita es voluntad política, afirma Paola Bustamante. El Ministerio de Energía y Minas se encarga solo de administrar el Reinfo, mientras que la fiscalización es realizada por los gobiernos regionales que, en muchas zonas del país, no cuentan con la cantidad suficiente de recursos o personal para supervisar a los mineros inscritos, comenta.

"Los gobiernos regionales no tienen una plataforma que les permita hacer seguimiento a los mineros, para ver qué documentos tienen o quiénes se están demorando en presentar los papeles (...) Se requiere presupuesto, movilidad y personal para las visitas en campo, en un contexto donde no es sencillo ir a notificar a una persona [minero] que puede ser excluida o suspendida del Reinfo", señala.

El liderazgo debería partir del Ministerio de Energía y Minas y no solo para llevar el registro, sino para hacer seguimiento a los pendientes que tiene cada gobierno regional, a los avances o problemática que enfrentan, opina Bustamante.

César Ipenza, por su parte, coincide en que el gobierno nacional debe tener las condiciones para acompañar a los gobiernos regionales y contar con mecanismos de información que evidencien quiénes usan el registro para evadir el control de la justicia.

"Tiene que haber un trabajo más colaborativo y serio, bajo la responsabilidad de las autoridades que están facilitando estas situaciones de impunidad e ilegalidad que afectan el patrimonio de todos los peruanos", menciona.