¿Cómo el poder político y grupos extremistas buscan afectar a medios de comunicación en el país?

El último jueves, el Congreso de la República aprobó, en primera votación y por mayoría, el proyecto de ley que establece modificaciones a los códigos Penal y Civil para incrementar penas por los delitos de difamación y calumnia en medios de comunicación.

Según dice el dictamen, el objetivo es el incremento de sanciones "por la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva".

El proyecto de ley ha sido ampliamente criticado y rechazado por asociaciones de prensa, dado que podría constituirse como una herramienta de persecución contra el trabajo periodístico.

Sin embargo, no solo es el poder político el que estaría buscando atentar contra el trabajo de la prensa y los medios de comunicación.

Ayer, viernes, una turba compuesta por miembros de grupos extremistas, como 'La Resistencia', vandalizaron el local del Instituto de Defensa Legal (IDL) cuando realizaba un evento vinculado a la labor periodística. 

Cabe resaltar que no es la primera vez que dichos grupos vandálicos actúan de esa manera. Lo mismo ocurrió el pasado 17 de enero, solo que el nivel de violencia parece ir en aumento.

¿Por qué ocurren estos ataques que parecen tener como común denominador vulnerar la actividad de los medios de comunicación y el trabajo periodístico?

Recapitulemos cuáles han sido los proyectos de ley presentados por el actual Parlamento y el Ejecutivo en relación con los periodistas y los medios de comunicación.

Bajo ataque

La actual representación nacional, desde el año pasado, ha venido impulsando diversos proyectos de ley relacionados a la labor de los medios de comunicación y la prensa.

En febrero del 2022, la Comisión de Justicia del Parlamento, entonces presidida por Gladys Echaíz, aprobó un predictamen que modifica el Código Procesal Penal en lo referido al proceso especial de la colaboración eficaz.

Entre dichas modificaciones, planteaba reprimir con pena privativa de la libertad "no menor de cuatro años ni mayor de seis" a quien “indebidamente revele, proporcione o difunda, en todo o en parte, directa o indirectamente, la identidad de un colaborador eficaz o el contenido de sus declaraciones, en cualquier estado de la investigación o del proceso”.

El proyecto fue criticado por diversas entidades periodísticas, como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que resaltó que "los periodistas serían pasibles de ser condenados a prisión por informar sobre las delaciones, por ejemplo de los integrantes de las organizaciones criminales".

Poco tiempo después, en agosto de ese año, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó dos proyectos de ley vinculados a la actividad periodística y medios de comunicación.

Se trata de los proyectos 2815 y 2862. El primero establece la obligatoriedad para que los medios de comunicación públicos y privados "brinden un espacio televisivo y/o radial gratuito para que las autoridades elegidas por elección popular (...) puedan expresarse e informar a la ciudadanía", por 20 minutos, "la consecución de sus objetivos y metas" en el año fiscal.

Dicho espacio, según el proyecto, debía ser "en horarios vespertinos" y con una publicidad que debía difundirse, al menos, 4 veces durante los 15 días previos a la difusión del mensaje. Actualmente, el proyecto se encuentra en las comisiones de Constitución y Descentralización.

El segundo proyecto es el referido al incremento de penas por los delitos de difamación y calumnia en medios de comunicación que, dentro de 6 días calendario, tendrá su votación final en el pleno.

Además del proyecto 2862, también se encuentra en la agenda del pleno el proyecto 2170 que modifica la Ley del Artista y la Ley de Radio y TV, y dispone que las empresas de radiodifusión de señal abierta "deberán, bajo responsabilidad, emitir no menos del 30 % de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana".

Dicha iniciativa legislativa fue presentada por el perúlibrista Alex Flores en mayo del año pasado y establece, además, que la mitad de dicho 30 % debe ser "de música emergente" y que "no exime a las estaciones temáticas o especializada". Asimismo, señala que esos contenidos deben difundirse entre las 5 a. m. y las 24 horas.

A favor de este dictamen se pronunció la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien, en diálogo con RPP Noticias, sostuvo que el Ejecutivo estaba de acuerdo.

"La propuesta del Ejecutivo es incrementar. En eso, estamos de acuerdo. A partir de ahí, se genera el debate", indicó en La Rotativa del Aire.

"Desde el Ejecutivo, estamos de acuerdo con que se incremente. Somos el único país de la región que tiene esta cuota tan baja del 10 %. Nuestros músicos, nuestros creadores peruanos y peruanas necesitan este incremento", resaltó.

Esta propuesta, claramente intervencionista, ha sido criticada por diversas entidades de prensa y medios de comunicación, como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV).

"Lo que se pretende es controlar a los medios privados (...). Es un proyecto controlista, estatista. No entiendo un proyecto de ley de esta envergadura en un país democrático donde hay libertad de empresa, de expresión y de información", indicó Michelle Szejer, presidenta de la SNRTV.

El más reciente proyecto del Legislativo vinculado a la prensa fue presentado el 6 de febrero de este año por parte de la congresista de Renovación Popular, Noelia Herrera.

Se trata del proyecto de ley 4177 que pretende "fomentar la profesionalización de los periodistas y comunicadores y promover la incorporación en sus respectivos colegios profesionales".

En ese sentido, señala como finalidad que los "periodistas y comunicadores titulados" se incorporen al Colegio de Periodistas del Perú para "permitir el auto control de la ética" en sus labores.

Además, establece que el título profesional es "exigible" para quienes realizan la labor periodística "en algún medio de comunicación regulado por la autoridad administrativa".

Al respecto, el Consejo de la Prensa Peruana rechazó dicho proyecto pues, según indicó, "busca la colegiatura obligatoria de periodistas" y pidió su inmediato archivamiento.

También desde el Ejecutivo

Hay que resaltar que no solo desde el actual Congreso se ha presentado proyectos de ley relacionados a la actividad periodística y de medios de comunicación, sino también desde el Ejecutivo.

El 24 de junio del año pasado, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció ante la prensa que el Gobierno había presentado un proyecto de ley que establecía hasta 4 años de cárcel para quienes difunden "información reservada en la investigación penal".

"Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal, en su etapa preliminar, inicial, es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa a juicio oral, allí es público, no hay ninguna reserva”, sostuvo en aquel momento.

"Eso no debe suceder, por eso estamos presentando al Congreso de la República un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine y sea sancionada”, agregó.

Dicho proyecto fue defendido por el entonces titular del Ministerio de Justicia, Félix Chero, quien negó que se tratara de una "ley mordaza" para periodistas.

Por otro lado, el pasado 1 de marzo, ya en la Presidencia de Dina Boluarte, el Ministerio del Interior publicó en el diario oficial El Peruano un proyecto denominado "Protocolo de Actuación Interinstitucional" para periodistas y comunicadores sociales, "en el contexto de alteración al orden público".

Dicho protocolo, entre otras disposiciones, reconocía solamente "a los periodistas y comunicadores miembros del Colegio de Periodistas del Perú, y prensa extranjera acreditada" como los que podrían realizar coberturas periodísticas durante las protestas.

Además, "recomendaba" la homogeneización de la identificación de los periodistas, a través del "Comando de Asesoramiento General", y establecía la "ubicación adecuada" de los mismos durante su actividad, indicando que "de no cumplir con las indicaciones brindadas por la Policía Nacional, si se produce alguna afectación a la integridad de los periodistas o comunicadores sociales será bajo su responsabilidad".

Al respecto, el Consejo de la Prensa Peruana consideró que el protocolo "no garantiza la labor periodística ejercida durante protestas ciudadanas", sino que, por el contrario, "es una intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia con la que debe contar un periodista en el ejercicio de sus derechos de expresión".

Agresiones de grupos extremistas

No solo ha sido el poder político el que intenta afectar a los medios de comunicación y a los periodistas, sino también grupos extremistas de diversos espectros ideológicos.

En junio del 2022, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE), tras una visita a nuestro país entre el 16 y 20 de mayo de ese año, advirtió de un incremento de los ataques contra la prensa durante y después de las últimas elecciones presidenciales.

"La Relatoría Especial advierte que la segunda vuelta de la campaña electoral generó un ambiente de polarización que se vio también reflejado en el debate público, en cuanto fueron reportadas conductas atentatorias contra la institucionalidad democrática discursos de odio, incitación a la violencia, o alegados llamados a la sedición que llegaron incluso a llamados públicos a tomar el Palacio de Gobierno a mediados del mes de junio del año 2021", se lee en el informe elaborado por dicho organismo.

La RELE subrayó los ataques contra periodistas por parte de simpatizantes del entonces candidato Pedro Castillo durante sus actividades proselitistas, y la presencia de "grupos violentos organizados", como 'La Resistencia'.

"El Relator Especial ha visto con particular preocupación los consistentes reportes recibidos dando cuenta de actos de hostigamiento y amenazas llevados a cabos por grupos identificados como 'La Resistencia', 'Legión Patriotas del Perú', y otros grupos afines, cuyos integrantes fueron señalados en varias oportunidades de amenazar, acosar y agredir físicamente a periodistas y comunicadores", señaló en su informe.

El organismo de la CIDH indicó que el Estado no solo tiene como obligación "impedir que se violen derechos humanos", sino también "prevenir la violencia y proteger las personas que se encuentran en una situación de riesgo real e inmediato". En ese sentido, solicitó "una reacción institucional contundente" respecto a los ataques contra la prensa.

Sin embargo, a fines del 2022 y comienzos de este año, periodistas de diversos medios de comunicación fueron agredidos tanto por personas que participaban en las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso, como por extremistas de 'La Resistencia'.

El pasado mes de enero, una turba de personas vinculadas a dicha organización -y a otras de similar índole- se ubicó delante de la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL) y, valiéndose de megáfonos y parlantes, difundieron insultos y difamaciones contra sus periodistas. Además, arrojaron bolsas de basura al interior del local.

Similar situación se vivió ayer, viernes, cuando, nuevamente, miembros de dichos grupos vinculados a la extrema derecha lanzaron bolsas de basura e, incluso, encendieron una bengala en el frontis del local para boicotear un evento que realizaba IDL vinculado a la actividad periodística.

Al respecto, María Sosa, investigadora del IDL, en diálogo con RPP Noticias, consideró que los ataques de esos grupos extremistas se deben a que ellos perciben que la labor de la entidad "atenta contra sus intereses".

"Su discurso aparece como disparatado, incoherente y absurdo; sin embargo, a pesar de todas sus inconsistencias, tienen objetivos muy claros y usan la difamación, las noticias falsas y el contexto de la posverdad para atacar a quienes consideran sus enemigos", indicó.

Respecto a la acción de la Policía ante estos ataques, Sosa consideró que hay una permisividad que hace que el nivel de violencia vaya en aumento. 

"La Policía suele actuar de esa manera. Considero que no es casual, pero es su obligación hacerlo. Se trata de acciones que van escalando y cada vez se tornan más violentas. A lo largo de todos estos años se ha permitido que este tipo de gente actúe con total impunidad", explicó.

"Es necesario condenar este tipo de acciones, exigir que las autoridades ejerzan su función y no perder de vista la gravedad de lo que está detrás (...). Este no es un ataque solo contra IDL e IDL-Reporteros, sino contra la libertad de expresión y los valores democráticos", agregó.

Se pronuncian contra ataques a las libertades de prensa y de expresión

Respecto a estos ataques desde el poder político y de grupos extremistas, diversas organizaciones de prensa y de la sociedad civil se han pronunciando denunciando estos actos.

Cabe resaltar que, consultado sobre el proyecto de ley que plantea incrementar penas por los delitos de difamación y calumnia, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, indicó que "nada debe afectar la libertad de prensa".

"[El proyecto] debería ser materia de mayor debate, porque de repente puede tener algún vacío, pero creo que ninguna ley debe afectar la libertad de prensa, no se debe coactar, menos aún el periodismo de investigación", indicó.

“Necesitamos un periodismo que investigue sobre todo la corrupción. Quizás puede haber una cuestión de interpretación o perfeccionamiento al texto legal”, añadió.

Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana exigió al Ejecutivo "observar" dicho proyecto de ley aprobado el último jueves en el pleno.

"El Congreso, a contrapelo de la tendencia internacional que recomienda despenalizar este tipo de denuncias, optó por endurecer las sanciones para casos de difamación", señaló la entidad en Twitter.

"Como es de conocimiento público, han sido 150 los periodistas acusados de difamación en los últimos 5 años, una acción penal por la que optan quienes buscan silenciar una denuncia periodística o una investigación sobre temas de interés público", agregó. 

Asimismo, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación de Periodistas del Perú (ANP), en diálogo con RPP Noticias, indicó que, insistiendo con dicho proyecto, el Ejecutivo incumple lo establecido por la CIDH "que señala a los estados que deben proteger el honor en la esfera civil y no en la penal".

"En Perú, desde hace muchos años, el tema de los delitos contra el honor no lo podemos ver como un tema solo orientado a proteger ese derecho, sino como un instrumento que utiliza una parte del poder político y empresarial, incluso religioso (…), desde hace mucho tiempo", sostuvo.

"Este ordenamiento es instrumentalizado para intentar silenciar investigaciones periodísticas, para darles un escarmiento a periodistas. Si eso ya ocurre con la ley que tenemos y las penas que tenemos, vamos a robustecer ese instrumento en manos de políticos si se elevan las penas", resaltó.

Además, consideró que el impulso que el poder político le da este tipo de proyectos tiene como causa, justamente, los destapes periodísticos vinculados a funcionarios públicos.

"La clase política tiene claro que el periodismo es incómodo, porque nuestro trabajo es ser incómodos. Si revisamos los últimos destapes, que incluyen a actores políticos del Legislativo, han salido por la prensa, no por acción del Ministerio Público", señaló.

"La prensa es la que viene revelando [estos casos] y no hablo solo del tema de los legisladores y los sueldos de sus trabajadores, sino que el tema de 'Los niños' de Acción Popular surge por la prensa, el tema de los cocteles de Fuerza Popular surge por la prensa. Hace algunos meses tuvimos lo de los gastos excesivos en el Congreso", remarcó.

Lainez indicó que, de aprobarse esta ley en segunda votación, solo queda ir "por la vía de la inconstitucionalidad".

"Ayer, leíamos el dictamen y el propio Ministerio de Justicia, en la opinión consultiva que les remite, les dice que un proyecto de esta naturaleza es inviable. La Defensoría del Pueblo les dice que esto es inconstitucional, que va contra los fallos de la CIDH", dijo.

"Si el Ejecutivo se guía de la opinión del Minjus y lo observa, desgraciadamente, esto vuelve al Congreso (…) que está bastante acostumbrado a aprobar proyectos de ley por insistencia. En ese caso, la vía que se abriría es la de la inconstitucionalidad y, en este asunto, la última palabra la tendría el Tribunal Constitucional", subrayó.

Asimismo, el Colegio de Periodistas del Perú rechazó dicho proyecto de ley y señaló que "lejos de cautelar derechos, lesiona la libertad de expresión".

"El Colegio de Periodistas del Perú deplora que el Congreso, en primera votación y sin debate, agrave penas y multas a periodistas y medios de comunicación (...). Nuestra orden exhorta al Congreso a reevaluar su postura (...) y analizar sus eventuales afectaciones a la libertad de expresión", señaló la entidad en un comunicado.

Por su parte, María Sosa, de IDL, resaltó que existen varios intereses para "intentar limitar la libertad de expresión de los periodistas y medios de comunicación".

"Uno de los objetivos que puede estar detrás de este tipo de intentos es el control de la información, ya sea por parte de los grupos de poder económico o político, que buscan mantener su posición en el poder y evitar la exposición de prácticas ilegales o corruptas. También puede haber venganzas personales por parte de políticos o figuras públicas que se sienten difamados o calumniados por los medios de comunicación", explicó.

"En cualquier caso, es fundamental defender la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de la democracia, y estar alerta ante cualquier intento de limitarla, ya que esto puede afectar el derecho a la información, el debate público y el control ciudadano sobre las decisiones que afectan a la sociedad", añadió.