Alberto Tejada consideró que la castración química es una medida "emocional" con la que todos se sienten identificados, pero no "soluciona el tema de fondo".
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El médico urólogo Alberto Tejada, exministro de Salud y alcalde de San Borja, analizó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que propone la castración química para violadores.
"La castración química consiste en administrar una sustancia a las personas, sea por la vía intramuscular o pastillas, para inhibir la producción de esta hormona (la testosterona) o contrarrestarla y, de esa forma inhibir, el deseo sexual y la erección", explicó en Ampliación de Noticias de RPP.
"Esto está sujeto a la continuidad del medicamento. No es que una vez le voy a colocar la inyección y ya quedó de por vida (castrado). Tengo que dar diariamente una pastilla o en el caso de inyección es bimensual", precisó.
Tejada consideró que esta es una medida "emocional" con la que todos se sienten identificados, pero no "soluciona el tema de fondo".
"Este agresor sexual y pedófilo está en nuestra sociedad y muchas veces no es detectado. Yo creo que ahí esta el enfoque.
El tema del abuso a menores es muy frecuente y merece una visión integral, incluso comunitaria. Una visión territorial es tremendamente importante. Es un problema de salud mental", apuntó.
Inversión del Estado
El especialista precisó que la castración química implica una inversión del Estado, el cual ya tiene deficiencias para atender las necesidades que presenta el sistema penitenciario.
"Yo por eso pongo en duda la viabilidad porque teniendo un sistema penitenciario con las carencias que todos conocemos, de carácter alimentario, de salud, etc., yo dudo mucho de que se pueda hacer una inversión de por vida a una población de pederastas o pedófilos", acotó.
El urólogo detalló también que solo una inyección para la castración puede costar 40 dólares y que, además, en los lugares donde se ha determinado este castigo no se ha determinado si esto ayuda a la disminución de agresiones sexuales.
"Hay 6 países y en EE.UU. hay seis estados que lo tienen implementado. No se han encontrado realmente los índices de disminución de violencia esperados, quizás ha habido una sensación de que se ha hecho justicia con el castigo. Castigo que en el fondo es más una inversión del Estado", aseveró.
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