Más de la mitad de denuncias de ética contra congresistas se archivaron o terminaron en amonestación escrita desde 2021

Desde julio del 2021 hasta la fecha la Comisión de Ética del Congreso de la República ha recibido 175 denuncias contra diversos parlamentarios por faltas disciplinarias. Este grupo de trabajo se encarga de revisar las acusaciones y evaluar si ameritan una sanción. Una vez tomada la decisión, realizan un informe final que pasa al Pleno del Congreso donde los 130 parlamentarios votan a favor de aprobar la sanción, modificarla o aprobarla. 

El pasado mes de setiembre el Pleno revisó los informes finales de tres congresistas procesados por ética y en todos los casos decidió reducir la pena que se recomendaba inicialmente. En el caso de Juan Carlos Lizarzaburu [Alianza para el Progreso], acusado por decir frases sexistas contra la congresista Patricia Juárez en diciembre del año pasado, se sugirió la sanción máxima de 120 días de suspensión y sin goce de haber. Sin embargo, al votar en el Pleno se decidió reducir la pena a solo 30 días de suspensión. 

Caso similar ocurrió con Jorge Flores Ancachi [Podemos Perú]. El parlamentario fue acusado de recortar el sueldo a sus trabajadores, por lo que la Comisión de Ética definió que la sanción sería de 120 días. Al momento de votar en el Pleno decidieron rebajarla a 30 días de suspensión y sin goce de haber. 

En el caso de la congresista Katy Ugarte [Bloque Magisterial] también se le denunció por recortar el sueldo a sus trabajadores. La Comisión de Ética sugirió una sanción de 60 días de suspensión y sin goce de haber; sin embargo, en el Pleno se aprobó modificar el castigo a 30 días suspendida y 45 sin recibir honorarios. 

Estos no son casos aislados. En diciembre del 2023 sucedió lo mismo con los congresistas Elvis Vergara y Flores Ancachi, quienes fueron denunciados por realizar presuntos actos de corrupción al integrar el grupo conocido como 'Los Niños'. La Comisión de Ética sugirió la sanción máxima, pero el Pleno no alcanzó los votos necesarios para aprobar dicho castigo y no se les sancionó. 

Tendencia a reducir los castigos disciplinarios 

Para el politólogo del Centro Wiñaq Fernando Tincopa, este Congreso presenta una gran cantidad de denuncias por ética que no se había visto en parlamentos anteriores, lo cual hace que sea más difícil sancionarlas por la sobrecarga laboral y porque cada vez son más comunes este tipo de denuncias.

"Es más fácil sancionar a un congresista cuando la actitud es excepcional; sin embargo, últimamente las denuncias son más generalizadas en todos los parlamentarios o en gran parte de ellos. Por ejemplo, los mochasueldos, si hay múltiples congresistas involucrados probablemente no tengan incentivos para sancionar el mismo delito y negocien la suavidad de las sanciones", comenta.

Por su parte, el especialista en asuntos parlamentarios Martín Cabrera opina que algunas de las características particulares de este Congreso "son la demora, la dejadez´y la poca intención de asumir los casos y resolverlos". Resalta además que lo correcto es que los parlamentarios se hagan cargo de las acusaciones y no demoren tanto en evaluarlas.  

"Hay un nivel de responsabilidad del Parlamento. Estamos viendo un Congreso que no quiere tomar las riendas del control ético de sus propios parlamentarios porque casi todos están comprometidos en algún hecho y eso es bastante lamentable", añade Cabrera.  

Los únicos parlamentarios que enfrentaron la sanción máxima de 120 días de suspensión desde el 2021 hasta la fecha fueron Freddy Díaz, acusado de violación e incluso desaforado del Congreso, el fallecido Enrique Wong por presuntamente nombrar cargos de confianza en el Ministerio de Transportes y María Corder Jon Tay, acusada de recortar sueldos a sus trabajadores. 

¿Cambios dentro de la Comisión de Ética?

De las 175 denuncias que ha recibido la Comisión de Ética, solo 52 lograron ser evaluadas y avanzaron en el proceso hasta tener un informe final que figura en la página oficial del Congreso de la República. RPP Data revisó los 52 informes finales y encontró que, en más de la mitad, las denuncias se declararon infundadas o solo llegaron a tener una amonestación escrita como sanción. 

"El rol que está teniendo la Comisión de Ética cada vez más se parece al de una comisión que busca minimizar y reducir las sanciones para evitar afectaciones a congresistas en particular y se está convirtiendo en un mercado de negociaciones entre los mismos parlamentarios", señala Tincopa. 

Por su parte, Rosa Cerquín, directora ejecutiva de la Asociación de Politólogas del Perú (APEP), indica que en la actualidad hay mucha demora en la investigación y en la aplicación de sanciones para las infracciones que cometen los congresistas.

"Debemos tener un sistema de transparencia oportuno que publique informes sobre dichas investigaciones y que promueva la rendición de cuentas", sugiere.

En ese sentido, recuerda que en las Elecciones 2026 todos los peruanos tendrán que votar por un congreso bicameral [una cámara de diputados y otra de senadores] que tendrá como mínimo a 190 congresistas y con esto se abre una oportunidad "para redefinir estructuras y procesos que fortalezcan la ética parlamentaria".

A nivel internacional existen tres modelos del control parlamentario, añade el politólogo Fernando Tincopa. “El modelo autorregulado [que es el nuestro] en el que los propios parlamentarios deciden sobre sus acciones. El problema con este modelo lo estamos viendo actualmente, que cuando la comisión está sobrecargada no sirve como ente fiscalizador”, señala el experto.

Otra de las opciones es delegar la labor de investigar y sancionar a un tercero independiente; es decir, a profesionales u organizaciones externas y que no son congresistas. “Usualmente este modelo lo tienen países como Reino Unido, Canadá, Francia o Estados Unidos”, detalla.

La otra opción es la figura mixta, añade Rosa Cerquín; es decir, una combinación de parlamentarios y profesionales altamente especializados en el tema. "Esto significa la inclusión de miembros externos [que no son parlamentarios] a la Comisión, que sean representantes de organizaciones civiles o expertos en ética que aporten un enfoque de imparcialidad y de objetividad", explica la especialista. 

La gran pregunta es ¿en el Congreso lo tomarán en cuenta? Los peruanos exigen que sus representantes ante el Parlamento, por quienes elllos votaron, actúen de forma ética y, en vez de ser sancionados por faltas de conducta, trabajen realmente por los intereses de toda la población.