Los gremios de transporte siguen discrepando sobre el paro de este jueves 10: ¿cuáles son sus posturas?

El 26 de septiembre, los gremios del transporte público urbano paralizaron sus operaciones y se movilizaron para exigirle al Gobierno y al Congreso acciones firmes, con el objetivo de mitigar los casos de extorsión de los que son víctima los cobradores y los conductores que circulan por Lima y Callao.

Y es que esa vez hubo consenso para llevar a cabo la movilización, que culminó en la sede del Palacio Legislativo, en la avenida Abancay, y generó que el Parlamento se comprometiera a aprobar la ley que tipifica el delito de terrorismo urbano y aplica penas de entre 20 a 30 años para casos de extorsión, sicariato y robo agravado.

Como una de las medidas para mitigar los casos de extorsión, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha implementado al Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la Policía (Gorex-PNP), el cual trabajará estrechamente con el Ministerio Público para investigar, identificar y desarticular a las bandas criminales dedicadas a este delito.

A pesar de las acciones anunciadas, entre las que también figura la declaratoria del estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao, las empresas de transporte han continuado siendo extorsionadas; lo que ha generado la incomodidad de algunos gremios del sector.

Los gremios que acatarán el paro del 10 de octubre y sus pliegos de reclamos 

Por ejemplo, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, confirmó a RPP que el paro del 10 de octubre será multisectorial; es decir, será acatado por las empresas de su gremio y por comerciantes de Gamarra, bodegueros, trabajadores de la pesca, entre otros.

“Es por el derecho a la vida que se va a salir a marchar y paralizar este 10 de octubre", al advertir que, de no recibir una respuesta concreta, la medida de fuerza se extenderá a 72 horas.

Campos también ha dicho que entre el pliego de reclamos figura la derogación de la Ley 32108, que modificó la normativa sobre el crimen organizado y que ha sido cuestionada por la Fiscalía. También rechazó la propuesta del Ejecutivo para tipificar el delito de terrorismo urbano, al señalar que “no ayuda en nada a combatir la criminalidad”.

Por su parte, un sector de transportistas de Lima Norte anunció que acordaron paralizar sus actividades durante 72 horas desde el jueves, 10 de octubre, a modo de protesta ante los continuos casos de extorsión.

El acuerdo fue alcanzado por diferentes gremios de transportes que abarcan empresas de buses, taxis, mototaxis y colectivos.

Carlos Fredy, uno de los empresarios del rubro de transporte afectado por el cobro de cupos y el sicariato, anunció que son cerca de 400 las compañías que se unirán al paro, en el que también se exigirá la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y del titular de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes.

Estos son los gremios que no paralizarán porque acordaron dar un plazo al Ejecutivo  

Uno de los primeros en pronunciarse en contra de la movilización ha sido el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, aclaró que el gremio no ha acordado acatar un paro nacional para este jueves.

El dirigente comentó que desde la movilización del jueves, 26 de septiembre, se dio un plazo de un mes para que el Ejecutivo y el Legislativo coordinen acciones destinada a mitigar las cifras de criminalidad.

Valeriano indicó que después de que expire el plazo su sector evaluará el avance de las medidas para frenar los casos de extorsión a los transportistas y, de ver que no haya resultados positivos, se convocaría a una nueva movilización.  

En tanto, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), aseguró que agrupaciones de colectivos ilegales estarían detrás de la convocatoria a un nuevo paro de transportes. También afirmó que estarían usando la inseguridad ciudadana como "caballo de Troya" para materializar sus demandas.

Alegó que estas agrupaciones buscan imponer "una posición totalmente agresiva" en sus manifestaciones y reiteró que su fin es "formalizar la ilegalidad" con la "erradicación e impunidad" de multas sin haber ofrecido un fundamento técnico. 

Ojeda enfatizó que ninguna empresa formal, pertenecientes a diez gremios de transporte, acatará esta medida, entre ellas la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Anitra), la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), entre otros.

Mientras tanto, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, dijo que desde el Ejecutivo y el Legislativo están evaluando las propuestas del gremio para mitigar los casos de extorsión, por lo que insistió en que aguardarán un plazo razonable para dejar trabajar a ambos poderes del Estado.

“Todas las cosas que planteamos están siendo ejecutadas o trabajadas. Días antes consideremos pertinente informar que, si estos temas se están ejecutando y están en evaluación; mal haríamos en convocar un paro pronto [...]. No queremos ser irresponsables y como tal no vamos a parar ese día”,  

Vargas -quien ratificó que su gremio fue el que convocó el paro del 26 de septiembre- alegó que la movilización del mes pasado tenía como premisa “el derecho a la vida”. También dijo ser consciente de que la extorsión es una problemática que no erradicará de la “noche a la mañana”.

“Planteamos cosas y están en desarrollo, consideramos que deben de tener un plazo prudencia”, indicó el dirigente al no descarta una nueva movilización si es que las medidas no funcionan.

Los transportistas de carga pesada tampoco se sumarán a la movilización del jueves, según ha anunciado el presidente del gremio Fuerza Camionera del Perú, Marlon Milla, porque, de momento, el sector se encuentra en “modo dialogante” con las entidades gubernamentales; pero sin ser ajeno a las extorsiones que aquejan a los transportistas urbanos.

“Como carga pesada no hemos decidido acatar, porque nuestros paros tienen una logística y programación, porque trabajamos con empresarias serias y programamos carga. Eso no significa que estamos descartando el paro [...]. El sicariato también afecta y, por ello, estamos viendo la posibilidad de entrar a un paro cuando las bases convoquen”, apuntó.

Gobierno considera que el paro tiene fines políticos

El vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, ha señalado que el ministro de Transportes ha sostenido reuniones con gremios de transportistas y que se están tomando medidas de protección para que no sean afectados por extorsionadores. 

Por eso, el portavoz presidencial ha dicho que la anunciada medida para este jueves tendría "intereses políticos" que buscan la "desestabilización" del gobierno. 

A su turno, el asesor de la Confederación de Gremios de Transportes de Carga, Víctor Marquina, señaló que se le está dando cabida a pseudo gremios o sindicatos que “no tienen ni un tipo de representación nacional”. Tampoco descartó que detrás de la movilización haya intereses de cara a las Elecciones Generales de 2026.