por Redacción RPP
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Erick Ramos, representante del sindicato de los trabajadores mineros, indicó que los alimentos no están ingresando al campamento y que, a partir del 26 de noviembre, la actividad minera podría paralizarse totalmente.
Desde el pasado 7 de noviembre, los comuneros de Challhuahuacho, en Apurímac, mantienen bloqueado parte del corredor minero del sur y, con ello, los tres accesos a la planta minera de la empresa MMG Las Bambas.
Al respecto, Erick Ramos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas, en diálogo con RPP Noticias, señaló que, desde el inicio del paro, más de 8 mil trabajadores permanecen retenidos en el campamento, lo cual no solo perjudica la actividad minera, sino que también impide el ingreso de alimentos para el personal.
Sin salidas
Ramos indicó que la situación no es nueva, ya que otros sectores del corredor minero fueron bloqueados desde el último 28 de octubre. Sin embargo, con el paro indefinido que se acató desde el 7 de noviembre, los trabajadores de la empresa no pueden entrar ni salir de las instalaciones.
"Los escenarios negativos en este centro laboral se repiten nuevamente (...) Desde el 7, todos los trabajadores han visto la forma de salir de la unidad minera, pese a los accesos bloqueados. La única forma de salir y relevar a algunos compañeros es vía aérea, pero no se da abasto", sostuvo.
El dirigente señaló que ya se han presentado dentro del campamento "situaciones de emergencia", por lo cual han pedido "pases humanitarios para poder sacar" a los trabajadores afectados. Dada la situación, según dijo, algunos, incluso, están saliendo a pie de las instalaciones, dado que ya no hay abasto de alimentos.
"Es por eso que las operaciones han entrado ya en proceso de desaceleración y, ahora, están al 25%. Hay una alta probabilidad de que, a partir del 26 de noviembre, ya inicie solamente el tema de cuidado y mantenimiento de equipos. Eso significa una probable paralización de las actividades mineras", explicó Ramos.
En ese sentido, el dirigente indicó que, además de verse perjudicados los trabajadores y las actividades comerciales asociadas al campamento, la región y el país dejan de percibir las regalías del canon minero.
"Entendemos que hay bastantes empresarios locales que están siendo afectados en estos momentos, los cuales también han sacado comunicados porque, de una u otra forma, esta actividad genera puestos directos o indirectos de trabajo, un promedio de 75 mil. En la unidad minera somos como 8 mil, muy aparte de todo el trabajo que genera el corredor minero", señaló.
Asimismo, Ramos remarcó que el problema con las comunidades "parece nunca acabar" debido a que, desde el 2016, "ningún gobierno ha dado una solución" al conflicto.
"Es un tema de nunca acabar y lamentamos que los gobiernos de turno, desde el 2016 hasta ahora, no han podido prever soluciones que puedan perdurar en el tiempo, siempre ha sido apagar un rato el incendio (…) Hay otras comunidades nuevas que han entrado en el problema y están pidiendo nuevos proyectos, nuevos convenios y así va a continuar hasta que no haya una intervención del Estado", subrayó.
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