La legisladora de Alianza para el Progreso, Lady Camones, indicó que Alejandro Soto Reyes —quien afrontaba un proceso judicial por el presunto delito de estafa y falsedad genérica— no se benefició con la Ley N° 31751.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), opinó acerca del caso del presidente del Parlamento, Alejandro Soto, quien días atrás se libró de una sentencia judicial por el presunto delito de estafa y falsedad genérica.
La legisladora indicó que la denuncia interpuesta por la Empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu contra Soto Reyes “ya había prescrito, incluso mucho antes de que él sea congresista”. Sin embargo, en noviembre de 2019, el juez Reinaldo Ochoa Muñoz declaró fundado el recurso de sobreseimiento y prescripción que presentó el titular del Parlamento; pero, en enero de 2020, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco anuló esa decisión.
No obstante, la parlamentaria de APP apuntó en entrevista con el programa Todo se sabe de RPP TV en que su colega de bancada “no se benefició de la Ley N° 31751 "como se ha visto", norma por la cual el mismo Soto Reyes votó para su aprobación en mayo pasado y a la cual se acogió en julio de este año para pedir al magistrado juez Carlos Román Gil que se declaren prescritos los casos judiciales en su contra.
Denuncia contra Alejandro Soto
Pero ¿cuáles eran los cargos que afrontaba Alejandro Soto? Waynapicchu lo denunció por no haber redactado, cuando trabajaba como asesor legal de la empresa, los estatutos de la compañía, a pesar de haber recibido el pago de S/20 000.
Según el diario La República, otra imputación interpuesta está relacionada con la venta de un predio a la citada firma. El presidente del Parlamento compró en abril de 2012 un terreno de 640 metros ubicado entre las comunidades de Ayamarca y Pumamarca, en el distrito de San Sebastián (región Cusco), por la suma de US$ 5 000. Meses después, ocultando que era de su propiedad, lo vendió a la empresa en la que laboraba, pero por el valor de US$ 250 000.
Camones Soriano —quien fue censurada como presidenta del Congreso en septiembre de 2022 tras la difusión de unos audios donde coordina con César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, la promulgación de un proyecto de ley que beneficiaría al entonces candidato al Gobierno Regional de La Libertad— señaló, además, que la postulación de Alejandro Soto Reyes a la Mesa Directiva del Congreso fue una “decisión” del partido y bancada de Alianza para el Progreso, y alegó que, en ese momento, desconocían los cuestionamientos en contra de su colega.
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