Josué Gutiérrez dice que no tenía la obligación de renovar a la lideresa sindical de la Defensoría del Pueblo

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó este jueves que no tenía la obligación de renovar el contrato de la secretaria general del sindicato de ese organismo autónomo, Magali González.

En entrevista con el programa Nunca es tarde de RPP TV, señaló que los contratos CAS “tienen fecha final”.

“No veo los casos particulares de ningún trabajador de la Defensoría, eso tiene su canal que corresponde”, aseguró.

En esa línea, afirmó que no ha separado a nadie de la institución. “Todos los que tienen expertise y tiempo trabajando en la Defensoría merecen mi respeto”, aseguró el excongresista.

Josué Gutiérrez —implicado en la trama de la presunta red criminal que encabezaría la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien habría intentado influir en su elección en el Congreso como defensor del Pueblo— no descartó más cambios en el organismo que preside.

“Yo tengo un cargo de designación de cinco años, hago una programación para esos años, quiero establecer las bases sobre las cuales la Defensoría tiene que trabajar y profesionalizar el Estado”, añadió.

Rechazan despido “arbitrario” e “ilegal”

En un comunicado del 19 de diciembre, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo calificó el despido de Magali Gutiérrez como “arbitrario” y motivado como represalia de Josué Gutiérrez ante la postura crítica del gremio sindical frente a las decisiones que "han afectado los derechos de los trabajadores" del organismo público.

En similares términos, extitulares de la Defensoría del Pueblo, entre ellos Eduardo Vega, Walter Albán y Eliana Revollar, repudiaron la medida de impedir que la secretaria general del Sindicato "continúe cumpliendo sus funciones".

"La arbitraria decisión de no renovar su contrato no se condice con la cultura de respeto y defensa de los derechos fundamentales que siempre ha promovido esta institución", indicaron en un pronunciamiento.

Los firmantes remarcaron que el "atropello cometido" contra Magali Gutiérrez "vulnera gravemente la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y las normas laborales vigentes".

"Los líderes sindicales no pueden ser cesados de forma arbitraria, pues cuentan con protección legal nacional e internacional". En este caso, la no renovación del vínculo laboral apelando a su 'supuesta' naturaleza temporal, constituye un despido ilegal y una clara represalia por la actividad que la secretaria general venía desarrollando", acotaron.