El Estado democrático establece criterios muy precisos para el uso de la fuerza y no puede tolerar excesos. El Perú necesita orientar sus energías al desarrollo, la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos. Pero no sobre la base de la impunidad ni de investigaciones que no conduzcan a los responsables penales y políticos de muertes que debieron ser evitadas.
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Que nos guste o no, más nos vale hacernos a la idea de que una parte importante del mundo democrático y desarrollado se identifica con el informe sobre el Perú presentado por Human Rights Watch. Se trata de una Organización no gubernamental que fue creada en 1978 y que sirvió inicialmente para aprovechar el tenue espacio para el control democrático que ofrecieron los acuerdos firmados entre Jimmy Carter y el por entonces jefe máximo de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev. Entretanto, el Observatorio se ha establecido en Nueva York y ha desarrollado una metodología de supervisión de los Derechos Humanos que se ha aplicado con la misma severidad a gobiernos de todas las regiones del mundo y todas las orientaciones políticas.
El informe es resultado de entrevistas a 140 testigos, de más de seis horas de videos y cientos de fotos. El informe reconoce que hubo una violencia ilegal ejercida por manifestantes, con la destrucción de sedes judiciales y policiales, así como la tentativa de controlar aeropuertos. Da cuenta también del número de efectivos policiales que resultaron heridos, tres de ellos, en Pichanaki, con heridas de bala. Pero jurídica y políticamente, resulta abrumador el elevado número de muertos civiles con armas de fuego usadas por las fuerzas del orden. Entre ellos, hay casos de niños. No es que lo solicite hoy Human Rights Watch, mañana Amnistía Internacional y pasado mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Somos los peruanos los que necesitamos una explicación rigurosa. Y son los parientes de las víctimas los que merecen que se les ofrezca disculpas.
El Estado democrático establece criterios muy precisos para el uso de la fuerza y no puede tolerar excesos. Ni siquiera contra los que recurren a la violencia. El Perú necesita orientar sus energías al desarrollo, la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos. Pero no sobre la base de la impunidad ni de investigaciones que no conduzcan a los responsables penales y políticos de muertes que debieron ser evitadas.
Las cosas como son.
Fernando Carvallo Columnista
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