El gobierno intentó orientar el descontento social contra el Congreso, al que además solicitó aprobar un cuestionado proyecto sobre castración química de violadores de menores.
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La semana pasada comenzó con la esperanza de un cambio de rumbo y de la formación de un gabinete de ancha base. Entretanto, hemos tenido movimientos sociales en regiones como Junín y Cusco, ante los que el gobierno reaccionó con sendos consejos de ministros descentralizados. Cada vez está más claro que el alza de precios penaliza gravemente a los transportistas y a los agricultores. Peor aún, la falta de fertilizantes amenaza la viabilidad de la agricultura familiar y nos expone a todos a una crisis de alimentación. El gobierno intentó orientar el descontento social contra el Congreso, al que además solicitó aprobar un cuestionado proyecto sobre castración química de violadores de menores. Para culminar su estrategia de distracción, Pedro Castillo anunció el viernes que enviaría al Congreso un proyecto de ley para añadir a las elecciones locales de octubre una consulta popular sobre el cambio de la Constitución. En vez de hallar soluciones a problemas urgentes y nombrar ministros idóneos y probos, Castillo ha preferido retornar al plan inicial de Vladimir Cerrón: la convocatoria a una Asamblea Constituyente que minimice las funciones del Congreso, que refuerce el poder de Perú Libre y que disfrace su incapacidad de gestión ante las reales demandas populares: empleo, poder adquisitivo, salud, educación y seguridad. Sin hablar de las garantías a la actividad minera, obstaculizada en Cuajone y Las Bambas. Es muy poco probable que el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo supere la valla de la Comisión de Constitución, pero el gobierno podrá contar con un nuevo argumento para culpar por todos los males al Congreso y atribuirle la responsabilidad de lo que en realidad es consecuencia de su propia ineptitud.
Las cosas como son
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