por Sergio Espinoza
. Actualizado elSe trata de decretos que facultan a la Policía a realizar la investigación de un delito desde el conocimiento de la noticia criminal, entre otras medidas. Para el Ministerio Público, existe una vulneración de sus competencias.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, anunció que se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra cuatro decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo.
En un comunicado, el titular del Ministerio Público, quien reemplaza en el cargo a la suspendida Patricia Benavides, alegó que los decretos 1592, 1604, 1605 y 1611 vulneran las competencias de su institución.
Los casos fueron analizados por una comisión de expertos que trabajó durante cuatro meses bajo la coordinación del fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo.
Villena Campana alegó que “el Ejecutivo y Legislativo han promovido y dictado diversas normas que vulneran nuestras funciones constitucionales, sobre todo por ser conductores de la investigación del delito desde un inicio”.
“…normas que buscan nuestra forzada reorganización institucional con clara intención de afectar el estado de derecho, la institucionalidad y la verdadera democracia”, señaló.
¿De qué tratan los decretos legislativos?
El decreto legislativo 1592 establece que la Policía también prevendrá, investigará y combatirá el tráfico ilícito de drogas, y también investigará este delito en todas sus manifestaciones.
En tanto, el DL 1604 modifica las funciones institucionales de la Policía para que puedan asumir y realizar la investigación del delito desde el conocimiento de la noticia criminal, comunicando al Ministerio Público en concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes en materia.
En el caso del DL 1605, publicado el 21 de diciembre del 2023, se modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal para permitir que la Policía realice diligencias de investigaciones preliminares por cuenta propia.
Por último, el DL 1611 permite que la Policía realice investigaciones en casos de delitos de extorsión y otros conexos, además de establecer que el Ministerio Público tenga la función de conducir la pesquisa y “controlarla jurídicamente”.
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Sergio Espinoza Periodista
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