Fiscalía allana oficinas del Ejército en Trujillo, La Libertad, Áncash, Lima y Piura por presunta defraudación al Estado

La Fiscalía Anticorrupción de La Libertad allanó e incautó diversas oficinas de la 32° Brigada de Infantería EP Mariscal José Bernardo de Torre Tagle y Portocarrero en Trujillo, a raíz de las investigaciones por los presuntos delitos de colusión agravada y banda criminal en agravio del Estado.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que la diligencia también comprendió otros nueve inmuebles y oficinas del Ejército en las regiones La Libertad, Lima, Áncash, Piura y San Martín. En el caso de la capital, la ejecución de la orden judicial se efectuó en la Dirección General de Gestión Administrativa para la Defensa del Cuartel General del Ejército (Pentagonito), situada en San Borja.

De acuerdo con las indagaciones preliminares a cargo del fiscal Roberto Lecaro Alvarado, una presunta banda criminal -conformada por efectivos militares- habría defraudado al Estado realizando la contratación del servicio de alquiler de vehículos para el transporte de tropas a la región de La Libertad, con ocasión de los comicios electorales (segunda vuelta) llevados a cabo en el mes de octubre del 2021. 

Durante esta labor, en la que participaron 12 fiscales y efectivos de la Policía Nacional, se recabó documentación y elementos que servirán para esclarecer los hechos.

Fiscalía investiga a ocho funcionarios del hospital de Juliaca 

La Fiscalía dispuso iniciar investigaciones contra ocho funcionarios del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca que habrían traficado con medicamentos del servicio público.

Según relató Vladimiro Vegas Palomino, gerente regional de Control de Puno, los investigados habrían bajado el precio de productos farmacéuticos, de manera ilegal, para venderlos a terceras personas y generar ganancias con su posterior oferta al público.

"Ofrecían los productos a un valor mínimo, que es menos de un sol. Se les ha dado de baja; pero se ha verificado que estos medicamentos han sido vendidos a terceras personas con esos montos pequeños”, indicó.

En investigación

Los hechos habrían ocurrido entre el 3 de agosto y el 31 de diciembre de 2020, cuando el precio de varios medicamentos fue reducido por debajo de su costo y transferidos, mediante notas de salida con guías de remisión, a la farmacia de Emergencia. Esto con la intención de venderlos a terceras personas a precios unitarios modificados, sin la documentación que autorizara dicha reducción de precios.

"A cuánto lo han vendido posteriormente, ya es una situación que, si bien es cierto, ya está saliendo de la esfera del Estado, pero la irregularidad está en bajar el precio de los medicamentos con la finalidad de venderlos a terceros”, agregó Vegas Palomino.

Debido a ello, los ocho trabajadores serán investigados por presunta responsabilidad administrativa y/o penal.

Además, se ha comunicado el inicio del proceso al director de la Red de Salud San Román, Fredy Velásquez, para que realice la investigación correspondiente, y al procurador público a fin de que tome las acciones penales pertinentes contra los funcionarios involucrados.