Fiestas Patrias 2022: Una celebración en medio de 207 conflictos sociales por resolver

Por Laura Urbina

La celebración de las Fiestas Patrias no esconde problemas estructurales pendientes por resolver. Uno de ellos involucra conflictos sociales. En junio, el país registró 207 conflictos sociales, 153 en calidad de activos y 54 en estado latente según la Defensoría del Pueblo. La situación es preocupante, ya que, a causa de la violencia, 8 personas fallecieron y 26 resultaron heridas.

Para el comisionado de la adjuntía para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, Luis Alvarado, los problemas en el sector minero son recurrentes.

"Hay 101 casos, casi el 66% que están en proceso de diálogo. Ahora bien, de esos, casi la mitad son conflictos mineros. Entonces aquí se requiere un plan de trabajo para enfrentar la conflictividad minera porque no solo se trata de superar la crisis y desescalar el conflicto, sino cómo se implementa y cómo se le da continuidad y se involucra a todos los actores en el territorio para poder llegar a un acuerdo", explicó.

Conflictos sociales: Las Bambas

Los conflictos sociales siempre acarrean costos económicos, sociales e institucionales que afectan la estabilidad política y el desarrollo del país. Desde que se inició el conflicto entre las comunidades campesinas y la empresa minera Las Bambas, más de 500 emprendedores del distrito de Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, han dejado de generar empleo e ingresos, comenta Edy Abarca, integrante de la Confederación de Empresarios.

"Las pérdidas son cuantiosas.Challhuahuacho cuenta con servicios que brindamos a la empresa como restaurantes, hospedajes, lavandería, transportes... Todos ellos vamos siendo bien perjudicados a lo largo de los conflictos sociales. Desde el año 2015 se han juntado un promedio de 450 días de paralizaciones y eso ha sido un perjuicio fuerte para los emprendedores", señaló.

Conflictos sociales: Pueblos indígenas en pie de lucha

En tanto, en la selva peruana, los pueblos indígenas afectados por la actividad petrolera de la región Loreto afirman sentirse burlados por el incumplimiento de los acuerdos políticos con el Ejecutivo y volverán a retomar el paro amazónico en el lote 95 porque sus dirigentes han sido excluidos en la conformación del directorio del plan de desarrollo de la ley de fideicomiso, informó el asesor de la Federación del Circuito Petrolero de Loreto, Ismael Pérez.

"Nos sentimos burlados porque no hay atención concreta de parte del Ejecutivo. Ahora se está elaborando un pronunciamiento. Se va a concentrar todo lo que es paro amazónico en el lote 95, porque todos esos conflictos sociales se han resuelto parcialmente, porque con actas y compromisos se levantaron las medidas. Y eso ha hecho que vuelva por incumplimiento de las actas", manifestó Pérez.

Conflictos sociales: El centralismo

Para el sociólogo Carlos Reyna, resulta difícil canalizar y resolver los conflictos sociales en el país debido al centralismo limeño, al precario diseño que existe en los ministerios para buscar soluciones y a la desconexión con la realidad de los funcionarios y de los políticos, es por ello que plantea una reforma política a través de la cual, las regiones tengan más capacidad de decisión.

"Eso de que funcionen en Lima estas oficinas de conflicto, tiene que ver con el diseño general de cómo se toman las decisiones en los ministerios. Si por lo menos una parte importante de las decisiones se trasladaran a las regiones: el tema ambiental, que tiene que ver con la relación con las comunidades, la cosa funcionaría mucho mejor", sostuvo.

Según la Defensoría del Pueblo, en el último año han surgido 56 nuevos conflictos sociales, de los más de 2 mil que se han acumulado en el territorio nacional. Además, Loreto, Cusco, Apurímac, Áncash y Piura lideran la lista de regiones con mayor cantidad de conflictos, los cuales van en aumento y se han agudizado por la carencia de diálogo y la respuesta deficiente del Gobierno.

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