Exhortan al Gobierno a destinar S/ 70 millones adicionales para la adecuada protección de los defensores ambientales

Exhortan al Gobierno a destinar S/ 70 millones adicionales para protección de los defensores ambientales | Fuente: Andina

por Redacción RPP

4 de Diciembre del 2022 1:11 PM . Actualizado el 4 de Diciembre del 2022 1:11 PM

Desde el 2020 se han contabilizado 104 ataques o amenazas a defensores ambientales, que incluyeron destrucción de bienes privados, difamación, amenazas a la seguridad personal y agresiones físicas, psicológicas o sexuales.

El pleno del Congreso de la República aprobó los proyectos de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2023, ascendiente a S/ 214,8 mil millones. Del total de ese presupuesto, el Estado destinará S/ 45,000 para la implementación de un Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras, por ello, representantes de la sociedad exhortan al Ejecutivo a transferir S/ 70 millones adicionales para que las entidades estatales realicen una adecuada labor de protección de los defensores ambientales y de derechos humanos.

“Exhortamos al Gobierno transferir más recursos a las carteras de Justicia e Interior para que estas entidades puedan realizar una adecuada y eficiente labor de protección de los derechos de los defensores ambientales y derechos humanos. La minería ilegal está tomando mucha fuerza en el interior del país y realizan continuos actos de violencia y acoso hacía los que protegen sus tierras”, resaltó Paul Maquet, activista que integra la Campaña Nacional de los Defensores y Defensoras.

Considerando que no hay una partida estatal específica para la protección de los defensores ambientales, los activistas de la mencionada campaña enviaron un documento al Congreso solicitando se asigne S/ 50 millones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, y S/ 20 millones al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Maquet advirtió que los S/ 45,000, contemplados en el presupuesto fiscal 2023, que destinará el Estado para fortalecer las labores de protección de los defensores ambientales y derechos humanos es “insuficiente”, considerando que solo en los últimos tres años fueron asesinados 26 defensores y otros cientos sufren actos de violencia diariamente en el país debido al avance de la minería ilegal.

Desde el 2020 se han contabilizado 104 ataques o amenazas a defensores, que incluyeron destrucción de bienes privados, difamación, amenazas a la seguridad personal y agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Según Maquet, muchos de estos ataques se pudieron evitar si es que la Policía hubiera tenido recursos para realizar su labor de vigilancia en las zonas alejadas del país.

“Las carencias son evidentes. Se conocía que mineros ilegales llegarían al local de Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa para hostilizarlos e incluso quemaron su local. Se tenía la información de ese ataque antes que suceda y advertimos a la Policía para que brinde protección a los defensores, pero no pudieron hacerlo porque no tenían dinero para el combustible del helicóptero. Las necesidades son apremiantes, por eso se pide un presupuesto adicional de 70 millones de soles”, afirmó Maquet.

Hablan los defensores

Una muestra de la constante persecución que sufren los defensores ambientales por parte de los mineros ilegales e incluso de grandes empresas extractivas se encuentra en la historia de Vidal Merma, comunicador indígena y defensor ambiental de Espinar (Cusco).

“Nos sentimos abandonados, en riesgo, No tenemos ninguna garantía, por eso muchos de nuestros hermanos fueron asesinados. Lamentablemente en el país el Estado no protege a los defensores ambientales”, dijo Merma quien participó del plantón en los exteriores del Congreso.

Por su parte, Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de La Oroya (Junín), recomendó a las empresas y al Gobierno, respetar el medio ambiente, el derecho a la salud de las personas y respetar los derechos laborales, esto con el fin que no se repita lo sucedido en su ciudad natal donde la mayoría de la población fue contaminada por plomo debido a las actividades del complejo metalúrgico Doe Run.