Dirigentes indígenas piden al Estado mayores recursos para la protección de pueblos en aislamiento ante el avance de la minería y tala ilegal

Representantes de las comunidades indígenas solicitaron al Estado peruano, en particular al Ministerio de Cultura, un presupuesto mayor para atender a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci).

“Nosotros defendemos los derechos colectivos de nuestros hermanos que están en situación de aislamiento y tenemos una responsabilidad inmensa que cumplimos desde nuestras posibilidades, con o sin el apoyo del Estado”, dijo Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), durante la presentación del libro “Invisibles, vulnerables y amenazados. Hacia la protección efectiva de los pueblos en aislamiento y contacto inicial - Piaci”.

Explicó que, sin embargo, esta tarea se vuelve cada vez más difícil por la inseguridad y violencia que generan las economías ilegales en el entorno de la Reserva Indígena Kakataibo, creada en 2022 para proteger a los Piaci.

En esa misma línea, Adam Bauer, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), sostuvo que hay un panorama de deforestación muy lamentable en la reserva indígena kakataibo y que, si bien está en vigor un régimen sancionador por infracciones a la ley Piaci, a la fecha no ha sido efectivo.

“En el Perú el régimen sancionador por infracciones a la ley Piaci existe, fue aprobado hace cinco años, pero a pesar de haberse registrado tantas amenazas en las reservas indígenas no se ha implementado el régimen sancionador hasta el día de hoy. ¿Por qué no se implementan los mecanismos de protección de los derechos de esos pueblos? La raíz de este problema es que el Ministerio de Cultura no otorga un presupuesto adecuado a la Dirección de Pueblos Indígenas y en Contacto Inicial (DACI)”, denunció. 

El representante de Aidesep indicó que cada año la DACI recibe un presupuesto de entre 3 y 4 millones de soles para proteger territorios de más de 4 millones de hectáreas en toda la Amazonía peruana, pero dicha partida es insuficiente pues “en realidad se necesitarían aproximadamente 20 o 25 millones de soles para funcionar bien, pero les otorgan el 10 % de lo que realmente se necesita”. 

Amenazados e invisibilizados

Por otro lado, Klaus Rummenholler, antropólogo experto en pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, informó que Perú cuenta con ocho reservas de protección de Piaci, tanto en reservas territoriales como en reservas indígenas, las cuales suman un total de 4 631 453 hectáreas. Y a la par se encuentran en proceso de evaluación cinco solicitudes de reservas indígenas.

“Es importante concluir los procesos de reconocimiento y categorización de las reservas indígenas. Por el momento existen cinco solicitudes pendientes en Loreto, Ucayali. Dos de ellas, Yavarí Mirim y Napo Tigre, fueron solicitadas a inicios de la década de 2000, sin que a la fecha se logre su categorización”, indicó el experto.

Según Pedro Tipula, investigador del Instituto del Bien Común (IBC), las presiones en territorios de Piaci se han intensificado en los últimos años, principalmente por la expansión de cultivos ilegales y la extracción de madera y minerales en forma ilegal.  Añadió que las presiones también derivan de derechos otorgados legalmente por el Estado, como concesiones forestales y lotes petroleros. 

A su turno, Beatriz Huertas, especialista en pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, indicó que para hacer frente a las actividades ilegales en territorios de los Piaci es preciso fortalecer la articulación entre los diferentes sectores del Estado y niveles de gobierno con competencia en la materia, a fin de diseñar estrategias conjuntas.

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