El presupuesto del Gobierno para prevenir y combatir la trata de personas disminuyó de 14 a 5 millones de soles en nueve años

La trata de personas es uno de los delitos que más atentan contra la dignidad humana. Este consiste en captar, trasladar o retener a una persona con engaños —y contra su voluntad— para explotarla de forma sexual, laboral o bajo otras modalidades. En el Perú, se han identificado 3,612 víctimas entre el 2017 y el 2023, de acuerdo a cifras del Ministerio Público.  

Pese a ello, desde hace nueve años, el presupuesto que el Ejecutivo asigna para combatir este delito ha ido disminuyendo. Así lo alertó el último Informe de la ONG CHS Alternativo "Trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú". 

En el 2015, el Estado asignó 14 millones de soles para combatir este delito, bajo el gobierno de Ollanta Humala. En el 2017, con Pedro Pablo Kuczynski como presidente, esto disminuyó a 11 millones de soles, indica el reporte. ¿Qué sucede en el actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte? 

"Estamos estancados desde hace tres años [destinando] cerca de 5 millones de soles anuales para atender algo tan grande como la trata de personas y la explotación sexual. Eso significa que se invierte un promedio de 18 centavos de sol por persona al año para prevenir la trata, rescatar [a las víctimas] y atenderlas]", detalla Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo. 

¿Se está cumpliendo la política nacional contra la trata? 

Desde el 2021, el Perú tiene una Política Nacional contra la Trata de Personas que indica que el Estado debe ofrecer 42 servicios, entre prevención, sanción y de apoyo, a las víctimas de este delito. Sin embargo, dos años después, solo 11 de estos servicios recibieron dinero para implementar estrategias contra la trata, señala el informe de CHS Alternativo. 

Esto sucede porque los responsables de dichos servicios "o no conocen la política nacional o no solicitan el presupuesto, entonces el servicio no se puede aplicar", comenta Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

El estudio detalla que los ministerios que no han cumplido con definir el dinero que necesitan para estas actividades son Educación, Salud, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Transportes y  Comunicaciones, Energía y Minas y Desarrollo Agrario y Riego, sectores que tienen un rol prioritario en combatir este crimen. 

Esto tiene una consecuencia directa en la atención que se les da a las víctimas, porque la trata de personas requiere de una atención especializada, sostiene Lucía Nuñovero, docente de la PUCP y especialista en criminología. "Este tipo de delincuencia es tan compleja que hay unidades especializadas a nivel de la policía y se necesita mucho acompañamiento y atención psicológica de parte de personal capacitado en entrevistas, testimonios y toda una serie de protocolos que cuiden la vulnerabilidad que tienen las víctimas", detalla.  

3 de cada 10 víctimas son menores de edad

El 31% de las víctimas de trata de personas son niñas, niños y adolescentes, según cifras del Ministerio Público. Este crimen está aumentando, sobre todo, en espacios virtuales después de la pandemia y afectan más a las mujeres, detalla el general Aldo Ávila, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP). 

"Son varios los casos en los que captan a niñas bajo diferentes modalidades, a adolescentes y estudiantes de universidades. Las principales modalidades son las que seducen a las víctimas para participar como modelos o como anfitrionas, presentadoras en programas o en diversos eventos. Incluso les han dicho que las invitarán a viajar", señala el general Ávila.

La criminóloga de la PUCP, Lucía Nuñovero, indica que se debe prestar mucha atención a las actividades de prevención y concientización de la población para que logren identificar un posible caso de trata de personas. "Los adolescentes están siendo captados, atraídos y manipulados por ofertas de trabajo que no encuentran en otros ámbitos de la sociedad", sostiene. 

Sin embargo, el Ministerio de Educación (Minedu) no ha incorporado en su currícula ni ha reportado acciones orientadas a la prevención, según CHS Alternativo. "No hay excusas [para mejorar las estrategias] porque [este crimen] nos está ganando. Los estimados de movimiento económico [ilegal] de la trata de personas llegan alrededor de 1,300 millones de dólares al año, por encima de lo que mueve económicamente el narcotráfico", puntualiza Valdés. 

Ejecutivo no rinde cuentas del avance contra la trata de personas

Hace más de diez años se publicó la Ley que declara el 23 de setiembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Trata de personas. En esta norma también se señala que el Presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y la ministra de la Mujer [en gestiones] deben acudir, de forma obligatoria, al Pleno del Congreso ese día para rendir cuentas y detallar los avances en la lucha contra este crimen. 

Valdés, de CHS Alternativo, alerta que la última vez que un ministro se presentó en el Pleno fue en el 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski; es decir, hace siete años. Es necesario que el Ejecutivo explique y detalle a la población qué se está haciendo para reducir este delito que atenta contra la vida y salud de miles de peruanos y peruanas.