María Isabel León, comisionada de la Defensoría del Pueblo, recordó que los gobiernos regionales y locales están obligados a utilizar el 1 % del presupuesto que reciben en beneficio de las personas con discapacidad.
Ante el inicio de las nuevas gestiones regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a sus autoridades ha priorizar las labores de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad. María Isabel León, comisionada del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aseguró en RPP que la población con discapacidad se encuentra en situación de "discriminación estructural", ya que los servicios que brindan los gobiernos regionales y locales no son accesibles a ellos. "No hay disponibilidad de intérpretes de lengua de señas, en las páginas web de las entidades no hay información que sea accesible, la atención misma no cumple necesariamente con el trato preferente. En general, la atención de manera transversal en los servicios no está dirigida con un enfoque de discapacidad", mencionó.
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María Isabel León recordó a las autoridades regionales y municipales que la Ley de Presupuesto Fiscal 2023 dispone la obligatoriedad de asignar el 1 % de sus presupuestos a la atención de personas con discapacidad. Un 0.5 % para accesibilidad y otro 0.5% para el funcionamiento de las oficinas de atención a la discapacidad, tales como Oredis y Omaped. "En los últimos años, por insistencia activa de las personas con discapacidad y la invocación directa de la Defensoría del Pueblo, se logró que en la Ley de Presupuesto se incluya la obligación de las entidades de los gobiernos locales y regionales de asignar un 0.5% de su presupuesto para accesibilidad y otro 0.5% para el funcionamiento de las oficinas regionales y municipales de discapacidad", refirió.
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