Defensoría del Pueblo: Castración química a violadores de menores propuesta por el Ejecutivo "es ineficiente"

La abogada adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, en diálogo con RPP, señaló que su institución considera “ineficiente” la medida propuesta por el Ejecutivo acerca de la castración química para violadores de menores de edad.

“Es una medida ineficiente como método preventivo contra los delitos contra la libertad sexual. Ya tenemos las máximas penas en el Perú (…) Tenemos cadena perpetua como pena. ¿Esto ha disuadido a los agresores? ¿Esto ha ayudado a reducir la violencia hacia la niñez y la adolescencia?", declaró.

Al respecto, señaló que “no existe evidencia” de que la castración química pueda contribuir a reducir la incidencia de dichos delitos contra niños, niñas y adolescentes. También recalcó que la implementación de esa medida puede resultar en consecuencias legales para el país.

“Concentrarnos en el debate penal sobre la castración química (…) además, va a traer consecuencias legales al Perú por contravenir los tratados internacionales de derechos humanos en los cuales se ha comprometido a cumplir ciertas obligaciones. La castración química es una desviación de la pena que hasta ahora ha resultado ineficiente”, explicó.

La abogada de la Defensoría del Pueblo consideró que continuar en el debate acerca de penas como la castración química, resulta “cíclico e innecesario” ya que se pone el enfoque en el agresor y no en las víctimas

“Estamos concentrando el debate solamente en una sanción al agresor. Pero el agresor, si tiene cadena perpetua, no va a salir nunca más del país. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos concentrarnos en ellos o queremos que no haya ni una niña violada en el país? No queremos que ningún ser humano pueda pasar por este terrible hecho que causa daños irreparables e irreversibles en su vida”.

Cobeña considero que las autoridades deben “concentrarse” en implementar medidas de prevención que sí contribuirían mejor a reducir este tipo de delitos.

“Debemos concentrarnos en adoptar medidas para prevenir la violencia. Lo que pasa, por ejemplo, por implementar la Educación Sexual Integral (ESI), lo que pasa por tener una educación con enfoque de género donde (…) todas aquellas personas que van a una escuela o un niño que va a la educación inicial, o los niños en sus propias casas, sepan que nadie los puede violentar (…) Hay que dar las herramientas adecuadas de educación para que ningún niño, ninguna niña pueda ser violentado”, señaló.

Deficiencia institucional

Por otro lado, Cobeña señaló que la Defensoría del Pueblo ha detectado algunas instituciones públicas que no estarían atendiendo eficientemente este tipo de casos

“Por ejemplo, (…) hemos descubierto problemas en el sistema de justicia. En el caso de la Policía que no reciben la denuncia inmediatamente (…) o que la Fiscalía no ha dictado las medidas coercitivas que corresponden. Vemos que el juez no ha dictado las medidas de protección que corresponden para una víctima. Hemos encontrado casos en plena pandemia (…) Hemos tenido agresores conviviendo con las víctimas”, refirió.

Sobre ello, señaló que su institución ya había hecho los informes correspondientes y esperaban que el Ejecutivo cumpla con su rol de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos, en especial de los niños, niñas y adolescentes.