Defensores de la Amazonía peruana exigen mayor protección ante crecientes amenazas

En un contexto donde la protección de los defensores ambientales en la Amazonía peruana enfrenta desafíos cada vez más graves, el apu Julio Cusurichi, miembro destacado del Consejo Directivo de Aidesep, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, ha alzado su voz para exigir acciones concretas por parte del gobierno.

En una reciente entrevista para RPP, Julio Cusurichi enfatizó que a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Justicia por brindar protección a través de una comisión intersectorial, el riesgo para quienes defienden los territorios y la Amazonía persiste. "En la práctica seguimos siendo amenazados", destacó.

Ante la pregunta sobre las medidas tomadas, Cusurichi señaló que las comunidades están organizándose para proteger sus territorios, estableciendo guardias indígenas, comités de autoprotección y vigilantes. Sin embargo, hizo un llamado al gobierno para que fortalezca estos esfuerzos proporcionando equipos para monitorear los territorios y proteger la vida de sus hermanos ante posibles invasiones.

En cuanto al tema de la minería ilegal en la región, expresó la necesidad de abordar este problema de manera integral. "Hemos visto en la práctica que hay una lucha de la minería ilegal con interdicción, pero esto tiene que ir acompañado no solamente de una interdicción sino de programas de desarrollo para los pueblos o las comunidades que están inmersos a la protección", subrayó.

Importancia del Acuerdo de Escazú

El líder indígena también hizo hincapié en la importancia de la aprobación del Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional que podría brindar apoyo al gobierno en la gestión de estos temas. "Nuestro gobierno no ha firmado el Acuerdo de Escazú", lamentó Cusurichi, quien participará en la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú del 22 al 24 de abril en Santiago de Chile.

La importancia de la aprobación del Acuerdo de Escazú radica en su potencial como instrumento internacional para brindar apoyo al gobierno en la gestión de estos temas. Este acuerdo tiene como objetivo primordial asegurar la implementación regional de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.