por Redacción RPP
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La Contraloría General de la República señaló que, en el primer trimestre de 2023, el Ejecutivo gastó el 12.8 % de los fondos destinados a reducir la vulnerabilidad y a atender de emergencias por desastres; en tanto, los gobiernos regionales y municipales apenas el 11.6 % y 5.9 %, respectivamente.
La Contraloría General de la República advirtió que la "inacción y la falta de respuesta" de los funcionarios y servidores públicos —evidenciadas, apuntó, en las visitas de control y en más de 13 000 alertas que emitió— ante la emergencia y desastres naturales son pasibles de sanción que puede llegar hasta la inhabilitación para trabajar en el Estado.
En un comunicado, el organismo público señaló que, según los reportes oficiales, el fenómeno climatológico que ha azotado al país las últimas semanas ha ocasionado la pérdida de más de 70 vidas humanas, y casi 21 000 damnificados en diversas regiones afectadas.
“Ante esta situación, exhortamos a las autoridades del Gobierno nacional, regional y local a adoptar de manera urgente las acciones necesarias y hacer uso efectivo y oportuno de los recursos públicos disponibles para reducir la vulnerabilidad de la población y atender las emergencias”, demandó.
La Contraloría General de la República detalló que, en los últimos cinco años, los fondos del Programa Presupuestal 068, destinados a reducir la vulnerabilidad y a atender de emergencias por desastres, no han sido usados diligentemente. Por ejemplo, el Gobierno nacional ejecutó el 74.9 %, los gobiernos regionales el 62.3 % y las municipalidades el 68.5 %.
“Y si observamos el primer trimestre de 2023, el gasto a nivel del Gobierno Nacional es del 12.8 %, mientras que los gobiernos regionales y municipales han ejecutado 11.6 % y 5.9 %, respectivamente”, precisó.
"La actuación célere es una obligación inexcusable"
Para el organismo, dicho incumplimiento en una situación de emergencia, sea por no garantizar la prestación de algún servicio o respuesta oportuna, o dejar de actuar con diligencia, dejando de ejecutar el gasto público generando la paralización o suspensión de los servicios públicos, obras u operaciones, “son conductas que serán ejemplarmente sancionadas”.
“La actuación célere y transparente es una obligación inexcusable de quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos en una emergencia para atender las necesidades de la población y para prevenir mayores efectos negativos de los fenómenos naturales, reducir la vulnerabilidad de las personas, y salvaguardar sus vidas y pertenencias”, remarcó.
Ante esta problemática, la Contraloría General de la República anunció que remitirá al Congreso de la República dos iniciativas legislativas orientadas a garantizar la gestión pública durante estados de emergencia, una relacionada con la inaplicación de normativas infralegales de los sistemas administrativos y funcionales, que muchas veces paraliza el accionar de los gestores públicos; y otra, que establezca que todas las entidades públicas dispongan como mínimo del 1 % de su presupuesto para el financiamiento en la prevención de desastres naturales.
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