Contrabando de cigarrillos y ropa usada en Perú usa las mismas rutas de tráfico de minerales y armas, según especialistas

Los ingresos del comercio ilícito de mercancías, sobre todo de ropa usada y cigarrillos en la frontera sur del Perú, ha permitido el financiamiento de muchas organizaciones criminales que afectan la seguridad del país, según advirtió Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Los datos, obtenidos de un estudio en el que participó Rubén Vargas, exministro del Interior y consultor de la comisión, mostraron que existe una "relación absolutamente clara" entre las economías ilegales y la criminalidad organizada, y que en el caso específico del contrabando de cigarrillos y ropa, estos están permitiendo camuflar otros insumos.

"Lo que hemos hallado es que los que contrabandean cigarrillos o los que trafican ropa usada son básicamente los mismos actores, las mismas rutas, el mismo modus operandi que también trafican oro ilegal, cocaína, armas, inclusive trata de personas", indicó el extitular del Mininter.

Linares mencionó que el valor de los cigarrillos y ropa, proveniente principalmente de Estados Unidos y China, puede ser de hasta un 70 % menos que lo que se comercia legalmente en el Perú; sin embargo, su consumo puede significar una afectación a la salud pública por la falta de regulación de las entidades oficiales.

Vargas añadió que casi el 50 % del tráfico a nivel nacional ocurre en la frontera Perú-Bolivia.

"Vemos que los que ingresan con fardos de ropa usada y con cigarrillos adulterados o falsificados, ingresan no solamente con su producto, sino con los insumos químicos, inclusive con armas que estamos mencionando, pero regresan de Perú esas mismas estructuras criminales con oro ilegal, con cocaína y con cualquier otro producto de naturaleza natural", comentó.

El exministro apuntó que el control aduanero y en las carreteras se ha dificultado por la falta de recursos para combatir los implementos sofisticados con los que se maneja la criminalidad, como vehículos blindados, dispositivos infrarrojos y GPS que permiten el paso inadvertido de productos.

Para Vargas, la situación en las fronteras, especialmente al sur con Bolivia, está "absolutamente desguarnecida", por lo que remarcó la necesidad de fortalecer los puestos aduaneros e intervenir los pasos ilegales mediante componentes de políticas contra criminalidad y seguridad.

Nueva ley debilita lucha contra criminalidad

De acuerdo con Linares, las recientes modificaciones en artículos del Código Penal, la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley de Procedimiento para Medidas Excepcionales en Investigaciones Preliminares debilita la lucha contra estos ilícitos.

"De parte del Gobierno y específicamente del Congreso, vemos una respuesta absolutamente irracional respecto a cómo enfrentar la situación actual del crimen organizado. El cambio en la tipificación del delito de crimen organizado ha modificado dramáticamente al tipo penal y a las formas en que se estaba enfrentando a la criminalidad organizada", enfatizó Vargas.

Según el exfuncionario, en esta nueva legislación se excluyen delitos y a las organizaciones criminales predatores, por lo que se verían beneficiadas las bandas criminales dedicadas a la extorsión, secuestros y robo agravado, que contribuyen a las economías ilegales y cuya actividad deriva en otros delitos.

En esa línea, sostuvo que la norma limita los allanamientos para casos de contrabando, en donde es fundamental el factor sorpresa

"No se puede estar diciéndole al contrabandista o al que trafica ilegalmente con cigarrillos adulterados 'oye, vamos a tocar de la puerta a las tres de la mañana, te alistas y vienes con tu abogado'. Eso es una manera bastante absurda de pretender enfrentar una criminalidad y una economía ilegal de esta magnitud", aseveró.