Ministerio de Justicia señala que construcción del megapenal de Ica requiere nuevo expediente para culminar trabajos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, se refirió este viernes a la construcción del megapenal de Ica, una obra que se encuentra paralizada desde el 2020 y que, de construirse, implicaría un importante avance en el despoblamiento de los penales en el Perú.

El penal comenzó a construirse en el 2018 y los trabajos estaban programado para culminar en el 2020; sin embargo, el proyecto fracasó por supuesta falta de transparencia entre el consorcio ejecutor y el Minjusdh. 

En declaraciones al programa ‘La Rotativa del Aire-Edición Mediodía’, el titular del Minjusdh indicó que los trabajos en el penal – que tiene previsto tener 3 200 celdas para albergar a cerca de 12 200 internos – avanzaron en apenas un 25 %.

“Este penal requiere que se realice un nuevo expediente técnico para terminar el 75 %... Se ha verificado y lo que hicimos fue gestionar ante el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) para que se produzca una ley que nos autorice a controlar el penal y convertirlo en un proyecto de inversión”, declaró.

Según un informe de Latina, la inversión inicial del megapenal, ubicado en el distrito de Santiago de Ica, habría sido de más de S/ 380 millones, pero los cálculos de la Contraloría General de la República apuntan a que el costo del proyecto sería casi del doble, con más de S/ 700 millones.

Arana precisó que su sector tiene previsto gestionar los convenios de administración de recursos con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Así, el integrante del Gabinete Ministerial estimó que este mes se realizará el acuerdo para realizar el expediente de construcción.

Consultado por cuándo culminaría la construcción del establecimiento penitenciario, el ministro de Justicia evitó dar una fecha exacta porque -precisó- eso dependerá de los tiempos del contratista.

Sin embargo, dijo que el Gobierno exigirá la celeridad en la construcción del megapenal, en un contexto en que las 68 cárceles del país, diseñadas para albergar a 41 mil 19 reclusos, han superado el límite del 130 % de su capacidad establecida.