Consejo de la Prensa Peruana reportó 8 casos de agresiones a periodistas en agosto

El Consejo de la Prensa Peruana reportó ocho casos de agresiones a periodistas en su informe sobre libertad de expresión para el mes de agosto del presente año. 

Uno de los casos es el referido al periodista Jaime Ayala, corresponsal del diario La República, quien fue reportado como desaparecido hace 40 años luego de ingresar a la base militar de la Marina, en Ayacucho. Pese a que el juicio contra los presuntos responsables de su asesinato Alberto Rivera Valdevellano y Augusto Garcia del Barco está en su fase final, se ha solicitado la prescripción a raíz de la Ley 32107, que señala que nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crimenes de guerra cometidos antes de julio de 2002.

Otro caso es el del congresista Darwin Espinoza, quien agredíó y amenazó a periodistas que le preguntaron sobre una contratación que se presume podría ser producto de un intercambio de favores con otra parlamentaria. Asimismo, Espinoza amenazó con demunciar penalmente a quienes informen sobre estos hechos, que calificó de "chismes baratos y difamaciones". 

Destaca también un ataque registrado contra periodistas de la localidad de Nueva Libertad, en Huánuco. En este caso, con armas de fuego, machetes y paso, un grupo de traficantes de tierras e invasores se fueron en contra de los hombres de prensa e incluso incendiaron el vehiculo en el que trasladaban. La alcaldesa de San Pablo de Pillao, donde se ubica Nueva Libertad, fue también víctima de este ataque.

Completan la lista el Caso Willax vs. Ministerio Público, Caso La República, Caso IPYS, Caso Prensa Regional y el Caso Hechizera TV.

Posición del CPP

Al respecto, el CPP lamentó que, "tras 40 años del asesinato del periodista Jaime Ayala y un juicio que la sufrido no pocos baches, sus familiares puedan terminar sin recibir justicia por una nueva ley de amnistia".

Del mismo modo, rechazó que "funcionarios públicos como congresistas y gobernadores regionales amenacen con demandas a periodistas cuya labor es precisamente fiscalizarlos".

Finalmente, hizo hincapié en que "la difusión de opiniones, aunque no estén fundamentadas sobre el actuar público de un personaje, no debe ser motivo para la apertura de una investigación fiscal".