Congreso busca extender una vez más el proceso de formalización de los mineros en el Reinfo

El Congreso de la República derogó uno de los artículos del Decreto Legislativo 1607, publicado en diciembre de 2023, y que daba un plazo de 90 días como máximo a los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para presentar los documentos que les falta para convertirse en formales. 

El Reinfo se creó en el 2016, con la finalidad de que los mineros pequeños y artesanales formalizarse en un plazo inicial de tres años. Sin embargo, hasta el momento, casi ocho años después y después de varias ampliaciones de parte del Ejecutivo y el Legislativo la gran mayoría de ellos no ha cumplido con presentar los requisitos necesarios.

"Para completar el registro se debe contar con un instrumento ambiental (que depende exclusivamente de los mineros y de la autoridad regional). Que uno se demore dos o tres años para ello es usual, pero más años... no hay interés [en avanzar con la formalización] porque ni siquiera subsanan las observaciones que les hace el Estado", explica César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental y vocero del Observatorio de Minería Ilegal. 

Mineros ilegales dentro del Reinfo

Actualmente, en el Reinfo están registrados 86,953 mineros en proceso de formalización, según cifras revisadas por RPP Data. De esta cantidad 66,795 tienen "registro suspendido", lo que significa que no han cumplido con presentar estudios ambientales, contratos de concesión, entre otros requisitos. 

El problema radica en que dentro de este grupo de mineros existen algunos que continúan operando, pese a que la Norma lo prohíbe. Esto ocurre porque "si estás inscrito en el Reinfo tienes una serie de garantías, entre ellas que no te van a perseguir o meter preso", explica el sociólogo y experto en minería ilegal, Dante Vera.  

Es importante distinguir dos grupos dentro de los mineros inscritos en el Reinfo, agrega Vera. “Por un lado tenemos a los pequeños mineros y artesanales que quieren formalizarse y que lo están haciendo a duras penas, que son el 20% [los que tienen registro vigente] y, por el otro, tenemos a los mineros ilegales que están vinculados a organizaciones criminales transnacionales y que se encuentran dentro del grupo de los mineros suspendidos". 

César Ipenza coincide. “En los audios obtenidos de la organización criminal 'La gran FA', vinculada a la minería ilegal en La Libertad, por parte de la Fiscalía de Crimen Organizado, se evidencia que estos mineros estaban haciendo lobby para abrir el Reinfo y poder inscribirse y, por ende, tener impunidad", alerta.

El Congreso amplió plazo 3 veces en los últimos 8 años

Pese a todo el contexto mencionado, el Parlamento ha ampliado la vigencia [entiéndase existencia] del Reinfo hasta por tres ocasiones desde el año 2016. Inicialmente vencía en el 2019, pero la ampliaron con vigencia hasta fines del 2021. Luego en diciembre del 2021, a través de un Decreto Legislativo, el Congreso volvió a ampliar su existencia hasta fines del 2024 dándoles 90 días para formalizarse a los miembros del Reinfo que no cumplen con los requisitos. Es último Decreto fue derogado específicamente en lo referido a la minería.

"No olvidemos el proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Flores Ancachi [Avanza País], que postula que el proceso de formalización sea eterno, permanente. Es decir, el Reinfo no tendría fecha de caducidad", advierte Ipenza.  

A esta iniciativa se le agrega el dictamen que está pendiente de ser debatido en el Pleno del Parlamento y que busca abrir un nuevo plazo para que cualquier persona pueda inscribirse en el Reinfo. "La minería ilegal ha copado muchos espacios, entre ellos el Congreso de la República. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal representa más de ocho mil millones de dólares, recursos que financian no solo campañas, sino la vida de muchos congresistas”, puntualiza Ipenza. 

Dante Vera, experto en minería ilegal, agrega que otra de las acciones del Congreso que se debería observar es la derogación del artículo que brindaba facultades a la Policía Nacional del Perú para intervenir a los mineros que utilicen explosivos. "El decreto dictaba que aquellos que tuvieran explosivos producto del contrabando, serían sacados inmediatamente del Reinfo y considerados ilegales. Ellos son los principales clientes de mafias de contrabandistas y de malos funcionarios que trafican con explosivos", advierte. 

Diversos gremios como la CONFIEP, la Sociedad de Comercio Exterior, la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), entre otros, rechazaron la derogación del DL 1697 y exhortaron al Congreso y al Poder Ejecutivo a que luchen contra la criminalidad y que ejecuten medidas para acabar con la impunidad de la minería ilegal.

"Lo que hemos visto en el congreso es una muestra clara de cómo se destruye la institucionalidad. El Parlamento es un espacio donde se debaten ideas y la forma en cómo se ha aprobado [la derogación] ha sido todo lo contrario", sostiene Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE. 

Además, espera que el Poder Ejecutivo observe la norma. "Insistimos en que el Gobierno tiene la capacidad de observar esta norma para que haya un espacio de discusión. El tema del Reinfo es un proceso formal en el cual el Estado, de manera pasiva, espera que el informal venga a buscarlo. Creemos que la solución es tener un Estado más proactivo que entienda cómo opera toda la cadena productiva", sugiere.