Los organismos empresariales denunciaron que el bloqueo de la vía férrea y del suministro de agua al campamento minero de Cuajone en Moquegua ha puesto en peligro la vida y la salud de más de 5 mil personas, quienes vienen sufriendo la escasez de productos de primera necesidad.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazaron "los actos delictivos perpetrados contra la unidad minera Cuajone de Southern Copper, en la provincia de Mariscal Nieto – Moquegua".
A través de un comunicado, indicaron que el bloqueo de la vía férrea y del suministro de agua al campamento minero, por parte de grupos violentos, ha puesto en peligro la vida y la salud de más de 5 mil personas que se encuentran aisladas desde hace más de 20 días y que ya vienen sufriendo la escasez de productos de primera necesidad.
"Desde nuestras organizaciones reconocemos que si bien la protesta es un derecho, esta debe ser ejercida siempre dentro del marco legal vigente, sin acciones de violencia que afecten los derechos humanos de la población afectada y sin ser utilizada como una forma de extorsión", señalan los gremios.
Confiep y SNMPE señalan que al conflicto en Moquegua, "se suman otros casos de bloqueos que han originado la interrupción de la producción de la minera Las Bambas, en Apurímac, que ha recibido una nueva amenaza de bloqueo dentro de los próximos 30 días; así como la paralización de la mina Atacocha de Nexa Resources, en Pasco".
En tal sentido -indican- urge contar con autoridades capaces de generar los espacios de diálogo para la prevención y gestión oportuna de los conflictos sociales, así como de garantizar, en el marco de sus funciones, el respeto del Estado de Derecho, pilar fundamental de toda democracia.
Los organismos empresariales, exhortan al Gobierno "a dar una pronta solución y tomar las medidas que le otorga la Constitución y las leyes para recuperar el orden público y la paz social, proteger los derechos fundamentales de las personas y de la actividad empresarial".
Paralización en mina Cuajone
La mina Cuajone de Southern Copper paralizó su producción hace tres semanas debido al bloqueo de una línea férrea y al corte de agua.
El bloqueo, efectuado por los pobladores de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, impiden el traslado de la producción de cobre de la mina y el abastecimiento de materiales, lo cual implicará un impacto económico no solo para la empresa sino también para el país.
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Estado dejaría de percibir S/ 8.5 millones diarios por esta paralización.
“En estos días de paralización se han dejado de producir más de 7,000 toneladas de cobre ocasionando un grave perjuicio no solo a la empresa sino a la economía nacional y regional, pues se dejan percibir ingresos por canon y regalías por cerca de S/ 2.5 millones y más de S/ 6 millones en impuesto a la renta, por día de paralización”, indicó Raúl Jacob, presidente de la SNMPE.
¿Qué reclaman las comunidades en Cuajone?
Pero, ¿por qué iniciaron los reclamos de las comunidades de la mina ubicada en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua)?
La empresa señala que el reclamo de las comunidades a la mina habría iniciado por el reemplazo de la tubería que abastece de agua a la mina de Cuajone desde 1976.
"La negativa de los comuneros a restablecer el flujo de agua para Cuajone y liberar la vía férrea impiden retomar la operatividad de la mina, la cual aporta 7% de la producción nacional de cobre", dijo Southern Copper.
A partir del 10 de febrero las comunidades mencionadas bloquearon la vía férrea de Southern Perú a la altura del túnel R2.
Luego, el 28 de febrero, indican que un grupo de comuneros tomó por asalto las instalaciones del reservorio de Viña Blanca y bloquearon el abastecimiento de agua a la operación minera y al campamento Cuajone.
Ahora, según el gremio minero, las comunidades en protesta de la región de Moquegua exigen una indemnización de US$ 5.000 millones por el uso de sus terrenos, así como una participación del 5% de las ganancias de la empresa.
Ante esta situación la compañía minera ha afirmado que "cuenta con todos los derechos superficiales vigentes sobre los terrenos que ocupa en la zona".
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