Colegio de Periodistas se pronuncia en contra de llamada 'Ley Mordaza': "Parece una venganza de congresistas"

El Congreso de la República ha programado para hoy, jueves, en la agenda del Pleno, la votación definitiva de la llamada 'Ley Mordaza' que plantea incrementar penas por los delitos de difamación y calumnia a través de medios de comunicación.

Dicha iniciativa, que fue debatida por la representación nacional el pasado 18 de mayo, fue aprobada en primera votación con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.

Ante ello, diversos gremios de la prensa se reunieron con las bancadas del Congreso para conversar sobre el dictamen impulsado por la Comisión de Justicia y el partido Perú Libre. Una de estas agrupaciones periodísticas fue el Colegio de Periodistas del Perú.

"Parece una venganza"

El decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, consideró que la propuesta presentada por el parlamentario Segundo Montalvo "parece una venganza" por las investigaciones que la prensa ha difundido respecto a casos vinculados a congresistas.

"Son, principalmente, congresistas encausados en diferentes acusaciones los que pretenden que esto sea favorable. Los periodistas, de la gran mayoría de medios, lo que han informado es con la verdad, con documentos y trabajos de investigación", indicó.

"En ningún momento, estamos faltando a la verdad (…) Esto parecería un tipo de venganza contra los periodistas que solo buscamos la verdad", resaltó. 

Asimismo, indicó que en la reunión con las bancadas que tuvo lugar la semana previa, el presidente del Congreso, José Williams, le habría indicado su posición en contra del dictamen.

"En la conversación que tuvimos, el presidente del Congreso nos mostró su punto de vista contrario a la ley, lo que era un punto de partida para la conversación. No se puede sobre legislar en materia de libertad de expresión", sostuvo.

Además, expresó que el gremio periodístico no solo hace una "defensa corporativa" de la profesión, sino que se trata de defender el derecho a la información de la sociedad.

"La defensa de nuestros fueros no es corporativa de los periodistas, sino del derecho que tiene la sociedad de estar informada, lo que está cautelado en la Constitución y en la jurisprudencia internacional", refirió.

"Argentina y Uruguay, por ejemplo, ya caminaron hacia la despenalización de los llamados delitos de prensa y, en Latinoamérica, tenemos a México, Panamá, Honduras. Es una tendencia que, en el Perú, va a contracorriente", puntualizó.

Consultado sobre el motivo de la insistencia de la ley por parte de sectores del Legislativo, Burgos señaló que se está actuando "con la intención de hacer daño".

"Los abogados lo llamarían dolo, es decir, la intención de hacer daño. Cuando un periodista publica una información y esta, presuntamente, pueda ser tipificada como difamación, es porque el periodista pudo haber producido una información inexacta, más no falsa", explicó.

"Eso lo ha evaluado la CIDH que pide que los gobiernos impulsen y protejan la libertad de expresión. En ese sentido, el Colegio de Periodistas se dirigió a los congresistas exhortándolos a cambiar de actitud y enviar este proyecto al archivo", remarcó.

Globo de ensayo de control político

Por su lado, el decano del Colegio de Periodista de Lima, Luis Tipacti, consideró que el proyecto es un "globo de ensayo de control político".

"Esta es una especie de globo de ensayo de control político, porque a esto hay que sumarle la otra ley que está en comisión que es la referida a la programación de los medios (…) Estas leyes tienen un tufillo bolivariano", indicó.

Consultado sobre el argumento de los defensores de la norma - quienes alegan que solo se penaliza a 'los malos periodistas' - Tipacti explicó que lo peligroso es que un juez, en uso de su autonomía, podría demandar que una investigación periodística se paralice hasta que finalice un eventual juicio.

"Nuestro comunicado ha sido unánime en rechazo a esta ley que es una amenaza contra la libertad de prensa, sobre todo para aquellos que hacen investigación. Hoy publico algo contra algún alcalde o funcionario público que, inmediatamente, nos puede demandar, lo cual puede hacer que un juez pida que, mientras el juicio continúe, se deje de informar", sostuvo.

"El presidente de la Corte Suprema ha dado declaraciones en el sentido de decir que el Poder Judicial no se prestaría a dañar la institución, pero más allá de esas intenciones. Todos sabemos que los jueces hacen su labor de manera independiente y el presidente no puede intervenir. Entonces, hay siempre la probabilidad de que algún asunto interpretado como control político tenga un correlato judicial", precisó.

Respecto a una eventual aprobación del dictamen, Tipacti señaló que recurrirían a instancias internacionales.

"Esperaríamos que el Gobierno, como ya lo adelantó el primer ministro, observe esta ley. Si luego de eso, el Congreso ratifica su decisión e insiste en la materia, queda el camino del Tribunal Constitucional (TC) y la denuncia internacional", puntualizó.