Cinco abogados penalistas analizaron en RPP Noticias si se cometió un delito al retrasar el ingreso de la Fiscalía y el Equipo Especial de la PNP a Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.
La tarde del martes 9 de agosto, personal de la Fiscalía y el Equipo Especial de la PNP acudieron a Palacio de Gobierno para buscar y detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes; sin embargo, no se les permitió ingresar de manera inmediata al lugar. ¿Esto puede considerarse como obstrucción a la justicia? Para el abogado penalista Carlos Caro, sí hubo un problema de obstrucción a la justicia ya que existe una orden judicial que se debe ejecutar. "Lamentablemente todas las suspicaciones están puestas sobre la mesa cuando se demora la realización de una diligencia judicial", señaló.
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Por su parte, Andy Carrión recordó que la inmunidad solamente abarca al presidente de la República, más no a los otros miembros que están en Palacio de Gobierno. Por ello, indicó que los encargados de resguardar el Palacio presidencial debieron de otorgar las facilidades a la Fiscalía para el cumplimiento de la resolución judicial. "No hacerlo podría constituirse como un acto obstruccionista y puede devenir en una investigación por obstruir el correcto funcionamiento del despliegue de la actuación devenida de la resolución judicial emitida por un juez competente", indicó.
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El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que sí se habría cometido delito si las cámaras de seguridad comprueban que Yenifer Paredes estuvo en Palacio de Gobierno durante el allanamiento. "Hay elementos de responsabilidad penal y también posibles elementos de responsabilidad política. Los de naturaleza penal son las personas que se están resistiendo a cumplir un mandato judicial o que están obstaculizando la labor del fiscal. Y por otro lado es que Palacio de Gobierno, quien preside y decide es el presidente de la República. Entonces, lo que ha sucedido ayer en Palacio de Gobierno, que ha sido corroborado por la misma palabra del presidente no es otra cosa que obstaculizar la investigación de la justicia y por lo tanto sin perjuicio de las responsabilidades políticas del presidente también tendrá en su momento que asumir responsabilidades personales", afirmó.
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Mario Amoretti coincidió con sus colegas e indicó que impedir la diligencia fiscal y policial en Palacio de Gobierno constituye un delito de obstrucción a la justicia. "Allá hay un delito de encubrimiento personal porque yo estoy impidiendo que capturen a tal persona y la pena que le corresponde a esto podría ser hasta cuatro años de pena privativa de libertad. ¿Quién estaría cometiendo la falta? Quien dio la orden", apuntó.
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En tanto, el abogado Julio Rodríguez aclaró que toda orden judicial tiene que ser respetada por los funcionarios públicos y los altos dignatarios, sobre todo, si se habla de la casa de Gobierno donde reside la persona que representa a la Nación.
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