por Redacción RPP
. Actualizado elSada Goray, quien confesó haber pagado sobornos por más de 4 millones al exfuncionario Salatiel Marrufo a cambio de que su compañía sea beneficiada con proyectos inmobiliarios, indicó que dicha declaración no es causal para anular el convenio entre Marka Group y el Fondo Mivivienda, pues, a su juicio, los hechos sobre los que hizo mención se dieron "de manera personal".
Un informe periodístico reveló que Ítalo Arbulú, apoderado de la empresa Marka Group, interpuso una denuncia penal contra todos los nuevos directores del Fondo Mivivienda por cancelar el convenio alcanzado entre ambas partes, tras las confesiones de pago de soborno por más de 4 millones de Sada Goray a favor del exfuncionario Salatiel Marrufo, a cambio de que su compañía sea beneficiada con seis proyectos del programa estatal.
El programa Panorama indicó que la fiscal adjunta provincial Karen Campos es la encargada del caso. Precisamente, Goray Chong, quien es investigada por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias agravado, declaró como testigo ante la citada representante del Ministerio Público el pasado 22 de junio.
Ante dicho despacho, la empresaria indicó que las confesiones sobre las coimas, las cuales vulneraban la cláusula anticorrupción, no son causal para anular el convenio entre Marka Group y el Fondo Mivivienda, pues, a su juicio, los hechos sobre los que hizo mención en su declaración "es de manera personal".
"Este convenio se empezó a trabajar con el Fondo Mivivienda desde el año 2020 y nos tomó dos años sociabilizar la aprobación para darle crédito directo a la familia (...). Después de mucho trabajo y bastante inversión de la compañía para cumplir con los requisitos para la firma del convenio es que el día 15 de septiembre del 2021 se aprueba", refirió.
Sobre situación de Sada Goray
En marzo pasado, El Comercio reveló que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder favorece la versión de Sada Goray sobre las coimas y la excluye del presunto delito de organización criminal.
No obstante, en junio pasado la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Ministerio Público la adecuación de las conductas ilícitas de la empresaria por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.
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