por Redacción RPP
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El presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito dijo que las sentencias que emite el Poder Judicial no llegan a siquiera indemnizar debidamente a la víctima o a los deudos de los accidentes de tránsito.
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En los primeros 8 meses del 2022 se han registrado 55 mil accidentes de tránsito, que han dejado 2 147 muertos. Al respecto, Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), lamentó que en el Perú no haya justicia para todos.
"El 85 % de las víctimas a nivel nacional no tenemos justicia en el país. Solamente el 15 % que tiene los recursos económicos para tener abogados (obtiene justicia)", expresó en RPP Noticias.
Asimismo, indicó que cuando una víctima llega a un hospital no es atendida de manera rápida. "En nuestro país, no existe la ley de emergencia en los hospitales. Existe, pero no se cumple", acotó.
A ello, dijo, que se le suman las lamentables sentencias que emite el Poder Judicial, que no llegan a siquiera indemnizar debidamente a la víctima o a los deudos.
"Las indemnizaciones o las sanciones a los conductores que en estado de ebriedad o exceso de velocidad cometieron muertes o lesiones graves, hay que esperar que el Poder Judicial dé una sentencia. Lamentablemente, después de 6 u 8 años, la vida para los jueces vale mil soles y 500 soles para el que tenga una lesión grave", apuntó.
Ayuda para las víctimas
Carlos Villegas indicó que 35 mil personas quedan con discapacidad cada año debido a un accidente de tránsito y contó que, en el año 2006, atropellaron a su hijo de 9 años, que felizmente logró sobrevivir y que ahora ayuda a otras víctimas con terapias.
"Me lo atropelló un odontólogo en total estado de ebriedad. No he tenido justicia y a partir de ese momento decidimos ayudar a otras personas. Es una persona que fue la ley para él y no para el agraviado. El señor siguió manejando, me quiso dar 500 soles", expresó Villegas.
Este accidente llevó a Villegas a crear la Aviactran y así poder ayudar otras víctimas de bajos recursos económicos. "Necesitamos abogados, porque los abogados gratuitos del Ministerio Público no ayudan a la gente pobre", sentenció.
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