CAL: Se ha formado en el Ejecutivo “un brazo para obstaculizar la función de investigar” de la Fiscalía

César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), opina sobre el caso del presidente Pedro Castillo. | Fuente: RPP

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), César Bazán Naveda, dijo en RPP que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no ha vulnerado la carta magna al presentar ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el jefe del Estado.

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), César Bazán Naveda, consideró que “se ha formado” en el Ejecutivo “un brazo para obstaculizar el ejercicio de la función de investigar” de la Fiscalía y “desaparecer pruebas” que podrían involucrar al presidente Pedro Castillo en la comisión de un delito.

En una entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, señaló que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el jefe del Estado ante el Congreso de la República por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión para que la autorice a continuar con las indagaciones.

“Pero el problema se presenta en el artículo 117 de la Constitución que solamente permite hacer denuncias por cuatro casos específicos”, dijo el decano del Colegio de Abogados de Lima.

"No se puede proteger absolutamente a nadie"

De acuerdo con dicha norma, el mandatario “solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

A juicio de César Bazán, este artículo de la carta magna “no puede llevarnos al absurdo”. “¿Y cuál sería el absurdo? En este caso: que tenemos a una persona que está siendo investigada, que se encuentran elementos suficientes para pensar que ha cometido delito, pero que no podría ser sancionada; es decir que se estaría permitiendo que una persona que podría ser delincuente no sea juzgada”, refirió.

“[La fiscal de la Nación] no deja de tener razón en el sentido de que no se puede proteger absolutamente a nadie y menos a aquel que ejerce una función pública que puede permitirle a él mismo a esconder las pruebas”, añadió.


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