Autoridades policiales y regionales no priorizan políticas para reducir la violencia contra la mujer, indican expertas

Durante el 2023 se reportaron 170 feminicidios y más de 142 mil casos de violencia contra la mujer en todo el país, lo que representa un aumento de más de 8 mil casos frente al 2022, según datos del Ministerio de la Mujer. 

En lo que va del 2024 ya se han registrado nueve casos de feminicidio en regiones como Arequipa, Cusco, Piura, Ucayali, Ayacucho, Junín y Lima, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo revisada por RPP Data. Pese a estas cifras, las autoridades regionales y nacionales no le están dando la prioridad que este tema merece, sostienen especialistas.

Personal policial no está capacitado

La Policía Nacional del Perú, la primera institución a la que acuden las víctimas de violencia para buscar ayuda, no ha avanzado en capacitar a su personal para atender las denuncias por violencia contra la mujer. Así lo advirtió Diana Portal, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. "A nivel de la PNP se siguen identificando casos donde la policía no atiende la denuncia de manera diligente y adecuada. Subsisten aún estereotipos que responsabilizan a las víctimas por los hechos ocurridos (...) muchos casos de feminicidio se dan después de que [las mujeres] han acudido a denunciar; sin embargo, no ha habido un adecuado seguimiento [al caso] o la violencia se ha incrementado", explica. 

Por su parte, la especialista en género y docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, Natalia Manso, agrega que existe una brecha significativa en la inversión que se realiza para este tipo de capacitaciones.

"Estos casos son distintos al sicariato, extorsión o violencia urbana (...) son demasiados en los que hemos recogido testimonios de mujeres a quienes les hacen comentarios absolutamente personales como 'anda a la casa que no es para tanto' o 'mejor aguanta por tus hijos'. Pareciera que no existe un lineamiento institucional que indique cómo tratar a una persona que interpone una denuncia por violencia", sostiene. 

Por su parte, Portal agrega que, desde la Defensoría, han detectado comisarías que "no cuentan con hojas para imprimir las medidas de protección", lo que evidencia la deficiencia estructural logística que enfrenta este sector, no solo en los lugares más alejados si no también en las capitales de regiones o provincias.

Gobiernos regionales y locales no priorizaron atención de la violencia contra la mujer

Durante su primer año de gestión, los gobiernos locales y regionales tampoco priorizaron la atención de la violencia contra la mujer. Según cifras del Ministerio de Economía, de los 13 millones de soles que se les asignó para prevenir y atender estos casos durante el 2023, utilizaron el 80%, pero la mayoría de este porcentaje se gastó recién en los últimos tres meses del año.

"La violencia de género no es un problema inesperado. Es un problema tan profundo que necesita de una planificación y de una anticipación. De nada sirve que nos pongamos a gastar sin ningún objetivo específico o una estrategia de largo plazo. Eso es pura improvisación", señala Manso.

Uno de los Gobiernos Regionales que menos dinero ejecutó fue Arequipa, pese a que es la segunda región con más casos de violencia contra la mujer. Solo utilizó 1.6 millones de soles de los casi 3 millones que tuvo asignados y hacia el fin del año reportó 13,870 denuncias, según el Ministerio de la Mujer.

El pedido a las autoridades para que aborden este problema con urgencia también viene por parte de los más jóvenes. Siete de cada 10 niños, niñas y adolescentes señalaron en el 2022 que la prioridad de los alcaldes y gobernadores debería ser protegerlos de todo tipo de violencia y acoso sexual, según la "Encuesta Nacional Vota por la Niñez y la Adolescencia". Para lograrlo, Natalia Manso considera que se debe contar con personal especializado dentro de las Municipalidades o gobiernos regionales.

"Se tienen charlas y talleres, pero una charla de un día o tres días, no es suficiente para cambiar comportamientos. Lo fundamental es tener un asesoramiento técnico de la mano del Ministerio de la Mujer o que el propio Gobierno regional adquiera el personal ya formado que trate la violencia de género como un problema de salud pública, de seguridad y también económico", propone. 

Las mujeres peruanas necesitan de políticas claras y gestiones eficientes, pero, sobre todo, de un interés verdadero por parte de sus autoridades, para así erradicar la violencia que afecta su salud y sus vidas.