por Redacción RPP
. Actualizado el
Amnistía Internacional señaló que las víctimas de la represión policial y familiares tienen derecho al esclarecimiento de los hechos ocurridos, el establecimiento de responsabilidades y que se impongan las sanciones correspondientes, así como otras medidas de no repetición.
Amnistía Internacional (AI) pidió al Congreso que permita, "sin más dilaciones", la investigación fiscal contra el expresidente Manuel Merino por la represión policial ejercida durante las protestas de noviembre de 2020, que se saldó con la muerte de dos jóvenes manifestantes.
A través de las redes sociales, la organización defensora de derechos humanos instó al Parlamento a proceder con la investigación fiscal contra Merino y otros exfuncionarios de su Gobierno, que se prolongó durante cinco días, a través del levantamiento de inmunidades, por homicidio y lesiones graves.
"Amnistía Internacional ha verificado que, durante las manifestaciones, agentes policiales hicieron uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a los estándares internacionales, incluyendo disparos de municiones y gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos", escribió AI en Twitter.
La Subcomisión de Acusaciones Constituciones del Legislativo tenía previsto en vísperas evaluar el caso de Manuel Merino, pero no pudo sesionar debido a la falta de siete parlamentarios y luego de que el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, recomendara archivar la denuncia formulada, lo que la organización calificó de "preocupante".
"Las víctimas y familiares tienen derecho al esclarecimiento de los hechos ocurridos, el establecimiento de responsabilidades y que se impongan las sanciones correspondientes, así como otras medidas de no repetición", insistió AI.
14 DE NOVIEMBRE: LA REPRESIÓN POLICIAL
La toma de poder de Merino el 10 de noviembre de 2020, tras la polémica destitución del expresidente Martín Vizcarra, fue percibida por la mayor parte de la población peruana como un ataque usurpador contra la democracia y desató un estallido social que, durante una semana, derivó en las protestas callejeras más multitudinarias de las últimas décadas.
El clímax de la movilización llegó el sábado 14 de noviembre, cuando la represión policial dejó cientos de heridos y dos jóvenes muertos, lo que cavó la tumba política de Merino.
Por la muerte de esos jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, la Fiscalía sustentó en marzo pasado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la denuncia constitucional contra el expresidente, su jefe del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Araoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo.
La referida denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos en octubre del año pasado contra los tres acusados por ser presuntos autores por omisión impropia de los delitos de homicidio y de lesiones graves y leves, en el contexto de grave violaciones a los derechos humanos.
(EFE)
Te recomendamos
Comparte esta noticia
Siguenos en
