por Redacción RPP
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El bebé necesita una operación urgente de corazón, pero sus padres se niegan a que el pequeño sea intervenido mientras se utilice plasma de un donante que haya sido inoculado contra el coronavirus.
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Un bebé de cuatro meses que necesita una operación urgente de corazón aguarda este jueves la resolución de una batalla legal que enfrenta al Sistema de Salud con los padres del menor, que rechazan que reciba transfusiones de sangre que procedan de alguien vacunado contra la COVID-19.
Los progenitores, que reconocen la urgencia de la intervención, se niegan a que el pequeño, quien sufre el estrechamiento de una válvula del corazón, sea operado mientras se utilice plasma de un donante que haya sido inoculado contra el virus, declararon en una entrevista publicada en un canal de antivacunas.
“No queremos sangre contaminada por la vacunación. Ese es el final del trato. Aceptamos cualquier otra cosa", apunta el padre sentado en una cama junto a su hijo en el Hospital Ciudad de Auckland, y asegura que tienen una lista de una veintena de posibles donantes sin vacunar.
El organismo público NZ Blood, que coordina las donaciones de sangre y provee de plasma a los hospitales, especifica en su portal de internet que durante la recolección no pide a las personas indicar si están vacunados contra la COVID-19 y que no existen pruebas de que la sangre de personas vacunadas suponga un riesgo añadido.
Además, el ente sostiene que los pacientes no pueden elegir a sus propios donantes, según recoge la emisora Radio New Zealand.
Ante la justicia
Ante esta situación, el departamento público de Salud, también conocido como Te Whatu Ora, solicitó a la justicia el lunes la tutela del bebé en base a la Ley de Cuidado del Menor, lo que le permitiría proceder a la intervención quirúrgica, informa el diario New Zealand Herald.
Los padres del menor, abogados de ambas partes, cirujanos y representantes de NZ Blood, se reunieron la víspera durante una vista preliminar que terminó sin acuerdo.
El Tribunal Superior de Auckland ha programado una vista para el 6 de diciembre en el caso de que las partes no alcancen un acuerdo previo.
El país oceánico, que aplicó férreas restricciones dentro de sus fronteras para combatir la crisis sanitaria y registra altas tasas de vacunación, cuenta con un numeroso movimiento de antivacunas, que entre febrero y marzo de este año llegó a acampar frente al Parlamento hasta que fueron desalojados por la Policía. (EFE)
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