Todavía hace falta saber cómo van a reaccionar México y Colombia ante las iniciativas que pueda tomar el gobierno peruano, sobre todo porque Dina Boluarte ha anunciado que obrará para “convertir la Alianza del Pacífico en un actor determinante en el escenario internacional”.
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El Perú asume hoy la presidencia de la Alianza del Pacífico. La canciller peruana estará hoy en Santiago donde se llevará a cabo la ceremonia oficial de transferencia, puesto que Chile asumió la presidencia interina para superar un bloqueo causado por el empecinamiento del presidente mexicano. En efecto, Andrés Manuel López Obrador se negó a pasar la presidencia al Perú, en abierta violación del Acuerdo Marco que creó hace doce años el mecanismo de integración más activo de América Latina. Por entonces soplaban vientos de apertura e integración en México, Colombia, Chile y Perú. Entretanto México y Colombia son gobernados por líderes hostiles al libre comercio, que defendieron mientras pudieron al golpista Pedro Castillo y negaron la legitimidad de la sucesión constitucional de Dina Boluarte. La presidenta peruana aprovechó su discurso del 28 de julio para agradecer la actitud de su homólogo chileno, quien permitió una salida razonable de la crisis. Todavía hace falta saber cómo van a reaccionar México y Colombia ante las iniciativas que pueda tomar el gobierno peruano, sobre todo porque Dina Boluarte ha anunciado que obrará para “convertir la Alianza del Pacífico en un actor determinante en el escenario internacional”. Más modestamente, ya sería bastante si se concreta el acercamiento a un país como Costa Rica y dependiendo de sus inminentes elecciones, Ecuador. Nuestro país ha tenido desde el siglo XIX una actitud integracionista, como lo muestra nuestra acción diplomática desde el Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826. Beneficios tangibles de la Alianza de Pacífico podrían contrarrestar actitudes recalcitrantes y proteccionistas que se expresan en la hostilidad al sistema interamericano de Derechos Humanos, pero también en la negativa a aceptar la jurisdicción de Tribunales arbitrales internacionales mandatados por contratos firmados por el Estado peruano.
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