La criminalidad organizada contra la democracia, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Por si nos hiciera falta, el asesinato del fiscal César Suarez, ejecutado ayer en Guayaquil, debe resonar como un llamado de atención urgente sobre la amenaza que representa la criminalidad organizada. El fiscal se desplazaba sin escolta desde una sede policial hacia una sala judicial cuando su vehículo fue impactado por veinte disparos. Suárez tenía a su cargo el caso de la banda que irrumpió el martes 9 en un canal de televisión. Pero investigaba también el caso llamado Metástasis, que implica a un capo del narcotráfico protegido por sectores de la Policía, del Poder Judicial, del Ministerio público, del Congreso y hasta de la empresa petrolera estatal. Los responsables de su asesinato han querido transmitir un mensaje cruento de intimidación a la sociedad y a las autoridades. La criminalidad amenaza nuestras vidas pero también amenaza el sistema democrático, que pese a sus limitaciones, sigue siendo lo mejor que se ha inventado para gestionar legítimos intereses contrapuestos y garantizar el estado de derecho y la paz social. Corresponde a los ecuatorianos establecer responsabilidades políticas, porque resulta obvio que se han tomado decisiones equivocadas y se ha incurrido en pasividad si no, en complicidad, ante el empoderamiento de organizaciones criminales. Pero la prioridad de la hora es asegurar la eficacia de la Policía, intensificar la cooperación internacional y terminar con la impunidad. Lo veremos a propósito de la detención en Panamá del prófugo Daniel Salcedo, quien tendrá que escoger entre una larga condena o la colaboración con la Justicia de su país. En el Perú, estamos todavía a tiempo de reaccionar y dejar de lado las querellas entre organismos del Estado. La criminalidad internacional es un desafío a todas las fuerzas políticas, salvo a las dispuestas a pactar con ella o beneficiarse de ella. 

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