por Redacción RPP
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Los acusados de financiar la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado en Brasil tendrán ahora la posibilidad de defenderse durante un proceso judicial tras el que, si finalmente salen inocentes, podrán recuperar su patrimonio.
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La Justicia Federal de Brasil ha ordenado este miércoles bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el asalto del pasado 8 de enero a la sede de los poderes del Estado por parte de una turba de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Esta decisión se dio por la solicitud de la Procuraduría General de la República y que tiene como fin último sufragar las reparaciones de los daños causados por los asaltantes.
Según recoge 'O Globo', entre los sancionados se encuentra Ademir Luis Graeff, empresario de Paraná, estado donde Bolsonaro contaba con un gran apoyo, y a quien se le ha bloqueado un coche de lujo para, con él, pagar los gastos ocasionados por los desperfectos en el Congreso, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo.
A un empresario de Santa Catarina también se le han bloqueado hasta cinco vehículos, mientras que a Gran Brasil Viagens e Turismo, una empresa dedicada al sector turístico de Minas Gerais, se la han bloqueado hasta siete autobuses.
Los acusados de financiar la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado tendrán ahora la posibilidad de defenderse durante un proceso judicial tras el que, si finalmente salen inocentes, podrán recuperar su patrimonio.
Esta decisión de la Justicia brasileña se da en el marco de la respuesta de las autoridades al asalto a los poderes del Estado que tuvo lugar el pasado 8 de enero, un episodio que recuerda al ocurrido en enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y respecto al que ahora se trata de averiguar la vinculación que pudiera haber tenido el propio Bolsonaro.
Piden investigar a Bolsonaro
La Fiscalía brasileña le solicitó a la Corte Suprema que investigue al expresidente Jair Bolsonaro por su posible participación como autor intelectual de los asaltos del domingo de sus seguidores a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
La Procuraduría General de la República solicitó que el líder ultraderechista sea incluido en la lista de investigados por haber incitado los actos antidemocráticos del domingo con que los bolsonaristas más radicales pretendían impulsar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la petición de la Fiscalía al Supremo Tribunal Federal, "Bolsonaro habría hecho incitación pública a la práctica del crimen" al publicar un video el 10 de enero cuestionando nuevamente la regularidad de las elecciones presidenciales de 2022 en las que fue derrotado por Lula.
(Con información de Europa Press y EFE)
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