Los legisladores estadounidenses solicitan al presidente Joe Biden que detenga la ayuda en seguridad hasta que se pueda confirmar que el patrón de represión a las manifestaciones en Perú ha terminado. Asimismo, solicitan que las autoridades peruanas tomen medidas efectivas para garantizar la justicia y rendición de cuentas.
Un grupo de legisladores demócratas estadounidenses y diversas organizaciones de derechos humanos de ese país requirieron este lunes al presidente Joe Biden que suspenda “de inmediato” la asistencia en seguridad a Perú hasta que se detenga la represión violenta en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
En el documento, que lleva la firma de 20 congresistas, se solicita que esta ayuda se paralice hasta que las autoridades peruanas investiguen los crímenes contra los derechos humanos acontecidos durante las manifestaciones y que se procese a quienes resulten responsables.
Los legisladores, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, Raúl Grijalva y Nanette Barragán, llaman la atención sobre las violaciones contra los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado peruano en respuesta a las manifestaciones a nivel nacional, con un uso indiscriminado de la violencia y el consistente uso de la fuerza durante las últimas semanas.
En esa línea, solicitan al presidente Joe Biden que denuncie públicamente estas violaciones de derechos humanos y presione al Gobierno peruano a que defienda los derechos a la protesta pacífica y el debido proceso.
“Solicitamos a su Administración que detenga temporalmente todos los fondos de asistencia de seguridad de Estados Unidos al Gobierno de Perú hasta que su Administración pueda confirmar a los miembros del Congreso que este patrón de represión ha terminado y que las autoridades peruanas están tomando medidas efectivas para asegurar justicia y rendición de cuentas a nombre de las víctimas y sobrevivientes”, indicaron.
Denuncian actuar de fuerzas de seguridad
Los firmantes mencionan que las fuerzas de seguridad peruanas han respondido a las protestas pacíficas con un arbitrario y desproporcionado uso de la fuerza, por lo que pusieron como ejemplo la intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del pasado 22 de enero, la cual consideraron como un acto sin precedentes en la historia reciente del Perú demócrata.
No obstante, señalaron también que hay manifestantes que han participado en actos violentos, pero precisaron que es responsabilidad del Gobierno de Dina Boluarte distinguir a los criminales de los manifestantes pacíficos.
La carta a Biden, con copia al secretario de Estado, Antony Blinken, al de Defensa, Lloyd Austin y a la embajadora estadounidense en Perú, Lisa Kenna, también da cuenta sobre las declaraciones de funcionarios del Gobierno de ese país que apoyan al Ejecutivo de Dina Boluarte. Según consideraron, los llamados “a la paz en todos los frentes” solo generan un mensaje ambiguo ante la situación en Perú.
"El Gobierno de EE.UU. puede y debe hacer más. Creemos que nuestras acciones propuestas enviarían una poderosa señal en apoyo a los derechos fundamentales y ayudarían a promover un compromiso efectivo para una solución política", concluyeron.
Este documento cuenta con el respaldo de organizaciones de derechos humanos como el Center for Economic Policy and Research (CEPR) o Amazon Watch.
Crisis social
La crisis arrancó el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, quien fue arrestado tras intentar disolver el Congreso, formar un Gobierno de excepción y abrir un proceso constituyente.
Desde entonces se registró una serie de movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, que desde el 19 de enero pasado se dan en la capital.
Las protestas y manifestaciones contra el Ejecutivo durante estos días se han concentrado en el Cercado de Lima.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como la salida de los congresistas y que se convoque a elecciones generales.
Las protestas de los últimos días en la capital se dan tras semanas de manifestaciones en diversas regiones del país desde la segunda semana de diciembre de 2022.
Hasta el momento, la cifra de decesos en el marco de esta crisis social en el país asciende a 58 personas.
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