por Redacción RPP
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Kentucky activó la prohibición al aborto al hacerse pública la decisión del Tribunal Supremo de derogar la protección de este derecho en Estados Unidos.
La Justicia prohibió este lunes temporalmente, mientras se resuelve una disputa judicial, la mayoría de abortos en el estado de Kentucky en el último episodio de una larga batalla en los juzgados desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. derogó la protección al aborto.
El juez Larry E. Thompson de la Corte de Apelaciones concedió al fiscal general del estado, el republicano Daniel Cameron, la solicitud de emergencia para reinstaurar dos leyes que habían sido paralizadas por otro magistrado y que de facto prohíben casi cualquier aborto.
El pasado 22 de julio, el juez Mitch Perry decidió que se pudiera seguir abortando en el estado de Kentucky mientras durase el juicio en que se decidirá si la prohibición de esta práctica por parte de las autoridades estatales de Estados Unidos es legal.
Antes, el 30 de junio, el propio Perry ya había atendido la petición de las dos organizaciones con clínicas en Louisville (Kentucky) que practicaban interrupciones voluntarias, EMW Women's Surgical Center y Planned Parenthood, y había suspendido la prohibición con carácter temporal.
Kentucky activó la prohibición al aborto nada más hacerse pública la decisión del Tribunal Supremo de derogar la protección de este derecho en Estados Unidos.
Fue uno de los nueve estados que tenía ya lista la prohibición del aborto para cuando saliera el fallo del Supremo, y que fue por tanto efectiva el pasado 24 de junio.
El pasado 27 de junio otro juez de Luisiana suspendió la prohibición del aborto en este estado y el 28 hizo lo mismo un juez de Texas.
Hay otros litigios abiertos en el país y promovidos por las organizaciones que defienden los derechos reproductivos de la mujer que tratan de impedir la prohibición total al aborto que defienden muchos estados conservadores.
Investigan a doctora por practicar aborto a niña
La Fiscalía General del estado de Indiana ha iniciado una investigación contra Caitlin Bernard, una doctora que brindó "servicios de aborto" a una niña de 10 años que había sido violada. La noticia ha generado controversia en los Estados Unidos.
"Como fiscal general, tengo el deber de investigar los asuntos que se me presentan y sobre los que tengo autoridad, especialmente cuando involucran a niños", ha dicho el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, en declaraciones recogidas por The Washington Post.
La investigación sobre Bernard se produce casi cuatro semanas después de que le dijera al Indianapolis Star en un artículo que un médico de Ohio la había llamado por una paciente joven que estaba embarazada de seis semanas y tres días después de una violación. La niña tuvo un aborto en una clínica de Indianápolis el 30 de junio, casi una semana después de que el Tribunal Supremo anulara Roe contra Wade, el precedente legal que permitía el aborto en el país.
(Con información de EFE y AFP)
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