por Redacción RPP
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Los arzobispos de Nueva York y Oklahoma City aseguraron que la pena de muerte es "una violación grave de la dignidad humana".
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La pena de muerte es "una violación grave de la dignidad humana", afirmaron este miércoles prelados católicos, y pidieron clemencia para John Henry Ramírez, un condenado a muerte en Texas.
La semana pasada el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que Texas violó las libertades religiosas de Ramírez, quien pidió que su pastor lo toque y ore con él durante su ejecución.
"Como pecadores todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios", indicaron en una carta el cardenal y arzobispo Timothy Dolan, de Nueva York, y el arzobispo Paul Cloakey, de Oklahoma City.
"Por sus acciones el Estado ha sentenciado a Ramírez a morir. Él ha pedido al Estado que le permita lo que él cree, sinceramente, que necesita para prepararse para el fin de su vida", añadió el texto, que calificó de correcta la decisión del Tribunal Supremo.
Ocho de los nueve magistrados del Supremo rechazaron las reglas penales de Texas que permiten la presencia de un ministro religioso en la cámara de ejecución, pero impiden que el pastor hable o tenga contacto físico con el condenado.
"Permitir que el pastor de Ramírez le dé la ayuda espiritual que ha pedido no hace que su ejecución sea un acto justo", apuntaron los prelados. "La práctica de ejecuciones de seres humanos sancionada por el Estado es una violación grave de la dignidad humana".
John Henry Ramírez, de 37 años de edad, pidió que su consejero espiritual, el pastor Dana Moore de la Segunda Iglesia Bautista, esté a su lado en la sala de ejecución, lo toque y ore en voz alta durante el proceso.
En contra de la pena de muerte
La ejecución "representa un juicio hecho por humanos falibles de que una persona está más allá de la redención, un juicio que la Iglesia católica rechaza", indicaron los obispos. "El Estado debería actuar con justicia y clemencia dejando a Ramírez que viva", agregaron.
El presidente del Tribunal, John Roberts, escribió que probablemente Ramírez lograría probar que las reglas penales de Texas "impiden sustancialmente su ejercicio religioso" y que el Estado no demostró que tiene un motivo convincente para mantener su política.
El único disidente fue el juez Clarence Thomas, quien opinó que la mayoría en el Tribunal Supremo debería haber negado a Ramírez la oportunidad de "manipular el proceso judicial".
John Henry Ramírez fue sentenciado a morir por el robo y apuñalamiento fatal en 2004 de Pablo Castro, de 48 años, empleado de una tienda en Corpus Christi.
Los documentos del juicio indican que Ramírez acuchilló a Castro 29 veces durante una racha de robos, acompañado por dos mujeres, en procura de dinero para comprar drogas. Castro tenía consigo 1,25 dólares.
Según la Fiscalía General de Texas, Ramírez también robó a punta de cuchillo a una segunda víctima y luego huyó a México, eludiendo el arresto por tres años y medio. (EFE)
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