por Redacción RPP
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En cuatro años de funcionamiento de la "presidencia interina", Juan Guaidó solo ofreció una rendición de cuentas, a pesar de que la Constitución, que dijo defender, establece que este procedimiento debe efectuarse a principios de cada año.
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El "Gobierno interino" de Juan Guaidó, eliminado en diciembre por la mayoría de los exdiputados que lo apoyaron en 2019, deja una sombra en Venezuela debido a la escasa rendición de cuentas. Nadie sabe cuánto dinero manejó ni en qué lo gastó esta suerte de poder paralelo que contó con el apoyo de potencias extranjeras.
En cuatro años de funcionamiento de la "presidencia interina", Guaidó solo ofreció una rendición de cuentas, en septiembre de 2022, con un repaso sobre la gestión de 2020 y 2021, a pesar de que la Constitución, que dijo defender, establece que este procedimiento debe efectuarse a principios de cada año.
Ahora, más allá de un compromiso verbal, el opositor está obligado a rendir cuentas en los próximos 45 días, el lapso que le han dado los exdiputados antichavistas que abolieron el interinato al considerar que este no logró sus objetivos, sin dejar de mencionar que desconocen el estatus de los recursos manejados por Guaidó en el último cuatrienio.
La misma regla se aplicará al resto de oficinas que fueron creadas en estos últimos cuatro años, como las llamadas "embajadas paralelas", así como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el "procurador especial", el "contralor especial" y el Consejo de Administración del Gasto.
LA OPACIDAD
El director de la asesoría política Log Consultancy, Giulio Cellini, señaló a EFE que la eliminación del "Gobierno interino" es una decisión política necesaria pero "tardía", que deja cosas que lamentar, como la opacidad.
"Esta Administración ha sido opaca (...) empieza el momento que tanto estábamos esperando de la revisión pormenorizada de todo lo que tiene que ver con lo que ha sido la disposición de los recursos por parte del interinato y creo que hay que esperar que esto se produzca para analizar y saber quiénes son los principales responsables de la utilización de los mismos", dijo.
Añadió que el "Gobierno interino" perdió su razón de ser como un movimiento político y sus miembros "se creyeron de verdad que eran un Gobierno y se burocratizaron".
"Terminó siendo, básicamente, un reducto de un partido político y de unos partidos políticos minoritarios, que hicieron de eso un modus vivendi, hicieron de eso una forma de vida en la cual se sentían cómodos, como si de verdad estuvieran gobernando, y recibían recursos para el mantenimiento de sus estructuras", apostilló.
En septiembre pasado, Guaidó indicó que él y su equipo manejaron, durante tres años y medio, un promedio de 65 millones de dólares anuales, lo que asciende a 227,5 millones en total.
Pero el opositor no brindó un desglose detallado por departamentos con cifras absolutas, ni detalló en qué consistieron las gestiones de la "defensa de la democracia" o la "diplomacia por la libertad", mencionadas en su informe.
Esta rendición de cuentas se dio luego de que el llamado "Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio" le pidiera a Guaidó aclarar si había presentado su informe de gestión desde que se autoproclamó "presidente interino", en enero de 2019.
SE MANTIENEN LOS GASTOS
Ya con el "Gobierno interino" eliminado, la Asamblea Nacional elegida en 2015, cuyo período venció en enero de 2021, estableció un presupuesto por un monto de 52 millones de dólares que serán "protegidos" y administrados por el recién creado Consejo de Administración y Protección de Activos.
Este monto, que no ha sido desglosado, debe ser dirigido a "gastos para la defensa y el fortalecimiento del Poder Legislativo nacional y la protección social de sus integrantes", "gastos para la protección y defensa de la democracia", "gastos de funcionamiento del Consejo de Administración y Protección de Activos, de la junta ad hoc del BCV y Pdvsa".
Cellini indicó que esta suerte de Parlamento paralelo -sin ningún poder real dentro de Venezuela y que no reconoce al Legislativo actual, de mayoría oficialista- debe buscar la forma de ir disolviendo estas instancias.
"En el orden institucional, alguien tiene que responder por esos recursos que están en el extranjero, y si la entidad reconocida por esos países sigue siendo la Asamblea, que se mantenga simbólicamente hasta que, ojalá, en la negociación (entre Gobierno y oposición) en México se lleguen a acuerdos, que probablemente pasen por disolver totalmente la Asamblea Nacional de 2015", añadió.
EFE
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