Debido a su ubicación en zona sísmica, Turquía tiene reglamentos de construcción; sin embargo, según los críticos del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, estas normas no se respetan y la impunidad de las constructoras se permiten por sus vínculos con el partido del gobierno.
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El incumplimiento de las normativas de construcción y las sucesivas amnistías dadas por el Gobierno a edificios levantados sin licencia explican el enorme número de víctimas mortales, más de 30 000, en los terremotos de hace una semana en Turquía, según denuncia el Colegio de Arquitectos.
Emin Koramaz, presidente de la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros de Turquía (TMMOB), ha denunciado que durante los 20 años que lleva en el Gobierno el AKP, el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan, se han producido ocho grandes legalizaciones de edificios "inseguros, podridos e ilegales" y que habían sido construidos y habitados sin las correspondientes licencias.
"La ciudad de Hatay, toda la provincia, resultó dañada y tiene que ser reconstruida totalmente. Lo mismo ocurre con otras ciudades de las 10 provincias afectadas. Ahora recordamos cómo Erdogan hacía campaña en esas provincias en 2018", señala el presidente de los arquitectos e ingenieros.
Varios medios turcos recuerdan este lunes que durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2018, Erdogan recorrió las zonas más afectadas por los sísmos de magnitud 7,8 y 7,6 del lunes pasado anunciando que se habían resuelto los problemas de viviendas de cientos de miles de ciudadanos gracias a lo que llamó "paz de reconstrucción".
"Hemos resuelto el problema de 205 000 ciudadanos de Hatay [...] Estamos resolviendo un problema muy importante de nuestros ciudadanos en Gaziantep, como en el resto de nuestro país", dijo entonces el mandatario, que el próximo 14 de mayo aspira a la reelección.
Mediante ese proceso, miles de edificios construidos sin los respectivos permisos recibieron licencias.
Debido a su ubicación en zona sísmica, Turquía tiene reglamentos de construcción; sin embargo, según los críticos del gobierno de Erdogan estas normas no se respetan y la impunidad de las constructoras se permiten por sus vínculos con el partido del gobierno.
“En 2018, casi dos décadas después del gran terremoto de 1999, Turquía finalmente aprobó la tan esperada legislación sobre terremotos. Pero esas reglas han sido más respetadas en el incumplimiento que en la observancia”, escribió en una columna en The Washington Post, Asli Aydintasbas, una periodista nacida en Turquía y afincada en Estados Unidos.
“Erdogan ha descrito con frecuencia la industria de la construcción como la joya de la corona de la economía, fomentando una falta tácita de supervisión. Los grandes contratos públicos de Turquía tienden a ir a los mismos compinches del gobierno", denunció en su escrito publicado el último 6 de febrero.
Impuestos de terremotos
Además del dolor, las devastadoras consecuencias de los sismos del lunes pasado, han provocado indignación entre la población por turca que demanda rendición de cuentas sobre el llamado "impuesto de terremotos" que se recauda desde el sismo de 1 999 en el que murieron 17 mil personas.
La suma recaudada llegaría a los US$ 4 600 millones y según ley se deberíand estinar a la prevención de desastres y servicios de emergencia.
"¿Dónde han ido todos nuestros impuestos, recaudados desde 1999?", se preguntó Celel Deniz, citado por la agencia AFP en la ciudad de Gaziantep. Su hermano y sobrinos permanecen atrapados bajo los escombros.
En medio de la crisis, Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul desde 2019 con el opositor CHP (socialdemócrata) aseguró que no puede garantizar la seguridad de los edificios de la ciudad y advirtió sobre los efectos de un eventual terremoto en la metrópolis.
Las constructoras
La foto de un constructor inmobiliario detenido cuando intentaba huir de Estambul es el símbolo de la indignación en Turquía contra las mafias de la construcción, acusadas por el derrumbe de miles edificios durante el terremoto de hace una semana.
El conjunto residencial "Rönesans" (Renacimiento) construido en Antakya, en el sur de Turquía, tenía ocho plantas y 250 apartamentos. Fue levantado hace diez años y contaba hasta con una piscina. Presentado como un entorno de lujo, la torre se derrumbó sobre sus habitantes. El destino de la residencia "Rönesans" se convirtió en un caso emblemático de las malas prácticas denunciadas desde hace tiempo.
Frente a la creciente indignación, retratada en la prensa y difundida por las redes sociales, las autoridades turcas reaccionaron rápidamente con decenas de detenciones y mandatos de arresto que se multiplican. El último domingo diez personas ya estaban detenidas, entre ellas dos promotores inmobiliarios que intentaron huir a Georgia, mientras 114 estaban prófugas, anunció el ministro turco de Justicia, Bekir Bozdag.
Otro caso es el del hotel Isias, en Adiyaman, donde fallecieron 35 miembros de la delegación de voleibol juvenil de Chipre del Norte. Varios testigos afirmaron a la cadena de televisión NTV que el hotel había sido cerrado debido a "irregularidades" en la construcción, pero que volvió a abrir. Un testigo contó que vio las paredes romperse como si fuera hojas de papel.
Hasta ahora, los constructores y emprendedores corruptos lograron arreglárselas, pese a las reiteradas alertas de ingenieros y arquitectos reconocidos. En 1 999, cuando otro terremoto había dejado 17 000 muertos en el noroeste de Turquía, en la provincia de Kocaeli, pasaron seis meses antes de que se produjera el primer arresto. El diario Milliyet tituló "Solamente ocho arrestos y 17 000 vidas perdidas".
Posteriormente, se abrieron más de 2 000 causas contra los promotores de las viviendas afectadas, pero 1 800 de estas terminaron sin que se dictara ninguna pena debido a una amnistía decretada en 2000. Finalmente, la mayoría de los responsables se beneficiaron de la prescripción de los delitos en 2007. (Con información de EFE y AFP)
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