Según disposición de la Corte IDH, el Estado reconoció su responsabilidad en el asesinato de la mujer trans Vicky Hernández cometido en 2009 por agentes de la policía estatal.
El Gobierno de Honduras admitió hoy lunes en ceremonia pública su responsabilidad en el asesinato en 2009 de una mujer trans y activista LGBT, crimen juzgado y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Además pidió perdón por el crimen.
"En nombre del estado de Honduras (...) declaro que se asume la responsabilidad internacional de este vil crimen, cometido en contra de Vicky Hernández y su familia, como una flagrante violación de los derechos humanos", dijo la presidenta Xiomara Castro.
"Solicitamos públicamente el perdón por este terrible hecho", agregó la gobernante, en videollamada desde Tegucigalpa, durante una ceremonia en San Pedro Sula, donde Hernández fue asesinada, a 180 km de la capital.
En 2021, la Corte-IDH declaró que el Estado de Honduras era "responsable por la muerte de Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del Colectivo Unidad Color Rosa". Además, ordenó el reconocimiento público del crimen y resarcir a la familia.
La ceremonia de reconocimiento y perdón fue en la sede de la ONG Unidad Color Rosa. Estuvieron el canciller Enrique Reina, familiares de Hernández y activistas como Kerry Kennedy, presidenta de la fundación de derechos humanos Robert F. Kennedy, impulsora de justicia en el caso.
"Todos somos humanos y no nos creemos mejor que otros, tenemos que amar a nuestros hijos como sean (..) Para mí fue difícil pasar esto, la muerte que le dieron a ella. No más discriminación", dijo Rosa Hernández, madre de Vicky.
Asesinada por el Estado
La noche del 28 de junio de 2009, Vicky estaba en la calle con dos compañeras en San Pedro Sula durante un toque de queda decretado tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la hoy gobernante Castro.
Una patrulla policial intentó arrestarlas y ellas se fugaron. Al día siguiente Hernández fue hallada muerta con heridas de bala. La Corte IDH constató que "existían indicios de participación de agentes estatales".
"Su muerte no ha sido aclarada por las autoridades y el caso permanece impune", dijo el tribunal.
Según la red lésbica Cattrachas, en 2021 hubo 26 muertes violentas de personas LGBT en Honduras. Además, la ley de identidad de género es una antigua demanda de colectivos LGBT en Honduras.
Ante esta situación, la presidenta Castro dijo que implementará un plan de capacitación para los cuerpos de seguridad estatales y adoptará "un procedimiento que permita a las personas adecuar sus documentos de conformidad con su identidad de género autopercibida", ambos órdenes de la Corte IDH.
(AFP)
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