por Redacción RPP
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Según reportes de dos ONG salvadoreñas, durante el régimen de excepción vigente desde marzo se han realizado detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y casos de torturas
La organización humanitaria Cristosal recibió casi 2.000 denuncias de atropellos a derechos humanos, de las que el 97,4 % fueron por detenciones arbitrarias, bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde finales marzo.
La Asamblea Legislativa aprobó esta medida y la amplió por dos períodos de 30 días más tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de 87 personas y se atribuyó a las pandillas.
Este régimen suspende los derechos a la defensa, reunión, organización y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Denuncias
El informe de Cristosal señala que las denuncias por violaciones a derechos humanos incluyen a 2.077 personas, de las que 62 padecen enfermedades crónicas, 13 tienen algún tipo de discapacidad física y una está embarazada.
Las víctimas dan cuenta de detenciones sin órdenes de captura y allanamientos de morada sin la documentación legal requerida, a pesar que el régimen de excepción no suspende el derecho de la inviolabilidad de la morada.
El 86,3 % de las víctimas son hombres y el 11,9 % son mujeres, con una edad promedio de 30 años.
El 97,4 % de las denuncias incluyen señalamientos de detenciones arbitrarias, el 22 % allanamiento ilegal, el 17,3 % también menciona secretismo en el proceso judicial y el 12,1 % señala tortura y malos tratos.
Ejecuciones extrajudiciales
Por otro lado, Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico, indicó en una conferencia de prensa que han registrado a partir de diferentes fuentes, como reportes de la prensa local, la muerte de 46 personas bajo custodia estatal.
Indicó que entre estas muertes hay indicios que "se presumen son ejecuciones extrajudiciales" o fallecidos con enfermedades que tuvieron "atención deficiente" y cuya "responsabilidad" es del Estado.
Agregó que han registrado "casos de tortura y de malos tratos" al momento de las detenciones, además de detenciones por "razones arbitrarias y no legales".
De acuerdo con la exposición de Ábrego, las familias están incomunicadas y, cuando los detenidos tienen hijos, "no se está dando un mecanismo de protección".
Abraham Ábrego señaló que no existe una "razón constitucional por la que el régimen de excepción deba seguirse prorrogando" y que las reformas penales realizadas en el Congreso sustentan las acciones de las autoridades.
Con estos datos, las denuncias recibidas por las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 3.000.
De acuerdo con el presidente Nayib Bukele, se está cerca de ganar la "guerra" contra las pandillas con este régimen, que ha dejado más de 40.000 detenciones.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
(EFE)
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